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Ya lo vimos / Por: Daniel Hernández 

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En estos días de auto confinamiento la utilización de gadgets, dispositivos electrónicos, conectados a una red de internet móvil o fija, ha aumentado considerablemente, su uso está relacionado a la navegación en la Internet o a aplicaciones que proveen servicios de entrenamiento, comunicación, utilidades comerciales o de negocio y de beneficio personal en diferentes aspectos.

Era ya de por si importante su presencia en nuestras vidas, pero sin duda al haber un aislamiento personal, académico, profesional y de negocios se volvieron preponderantes, todo hubo que seguir, en la mayoría de los casos tomando en nuestras manos, o a través de nuestros dedos, la comunicación con el mundo exterior del cual nos confinamos. Los motivos eran variados, el principal fue la interacción, seguido de la información.

Al descargar una aplicación en nuestros dispositivos pocas veces nos detenemos a leer sus políticas de privacidad, damos por hecho que hay obligaciones que se deben cumplir para su utilización pero pocas veces conocemos a detalle de que tratan, lo hacemos, en la mayoría de la ocasiones, sin darnos cuenta que de la relación de las dos partes muchas de las reglas a cumplir, en nuestro país, son del lado del usuario final las que más se vigilan.

Es quien está frente a una pantalla que de pronto se da cuenta que ha infringido una norma o un reglamento establecido por las compañías de internet que proveen servicios en la red, es cuando se conoce un punto, o más, de los avisos de privacidad que no se conocían por omitir su lectura al inicio de su utilización, se da por sentado que al dar un click aceptando  los términos y condiciones también se queda a disposición de los criterios especificados para su utilización y determinados como adecuados o correctos por quien provee el servicio.

Los ejemplos son varios, los usuarios se han ido acompañando en sus publicaciones con frases como; “no poseo los derechos de…” de acuerdo al tipo de información o material que se está compartiendo, con la idea de que el texto o la intención como tal modificará la posible acción correctiva por parte del proveedor del servicio, si no se infringe ningún término o condición no habrá ninguna reacción, pero si es así no habrá oportunidad de modificar lo previsto como “bajar” el material publicado.

Detrás de cada acción en internet y sus herramientas sin vida hay un humano ejecutándolas, sin duda, por eso debe haber reglas, leyes y medidas que moderen la interacción que se da en dicha red, esa interacción genera una convivencia y debe darse de la manera más correcta posible, no se puede negar. La parte a analizar es si los proveedores de dichos servicios están regulados o sujetos a alguna legislación o normatividad al momento de que forman parte de una actividad que resulta beneficiosa en el sentido comercial para ellos, todo parece indicar que no, aunque hay órganos reguladores de las telecomunicaciones, organizaciones y redes académicas que buscan proporcionar a los usuarios de dichos servicios un respaldo, no existe específicamente a quien se pueda acudir para denunciar más allá de delitos cibernéticos, y queda en manos de las compañías la determinación de que esta bien o mal y las sanciones aplicables.

Los derechos u obligaciones en todas las actividades humanas sin duda tienen como fin que haya un equilibrio en sus interacciones, de modo que se pueda esperar que quien no cumpla con alguno de los puntos a los que se está obligado sea sujeto a una sanción, es parte de la naturaleza humana, pero debe ser en ambas partes en cualquier relación, esto se convierte en una oportunidad para que se regulen los objetivos y los compromisos de los proveedores de servicios en internet, pues en esta pandemia no se ha podido ver que exista un compromiso por velar por una información verídica y certificada que sirva para la toma de decisiones de los usuarios, por ejemplo de redes sociales. Sin duda la información es poder, la idea es que sea de la mejor calidad, en su oferta pero también en su consumo, es la vida misma.

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