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Una iniciativa hacia el federalismo judicial / Por Salvador Hernández

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Una de las grandes asignaturas pendientes que existen en nuestro país tiene que ver con la forma en que se ha desarrollado nuestro arreglo federal. Como en gran parte de los países federalistas, en México, la tendencia de reformas constitucionales en materia de distribución de competencias ha adquirido una dinámica centralizadora, en muchas ocasiones motivada por la desconfianza hacia las instituciones locales derivada de actos de corrupción y del control del poder político que ejercen pequeños grupos (en ocasiones familias) en los estados. El agotamiento alfabético de la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Federal y el surgimiento de sistemas nacionales como los de anticorrupción y transparencia, son pruebas fehacientes de esa tendencia.

Recientemente, el periódico El Universal publicó un suplemento intitulado “Pensar el Federalismo”, el cual reúne varios artículos de líderes de opinión y académicos sobre los urgentes remiendos que exige nuestro sistema federal, desde la falta de regulación de las zonas metropolitanas, hasta el federalismo fiscal que tantos estudios ha merecido. Asimismo, en la academia abundan foros, conversatorios, conferencias y demás eventos sobre el federalismo y la forma en que este sistema ha ido evolucionando en los países que lo han adoptado para su funcionamiento.

Asi, entre los males que aquejan a nuestro federalismo, es el relacionado con la función judicial uno de los que mayor urgencia en su atención requiere, pues en el actual modelo de estado constitucional de derecho, el rol de los jueces resulta fundamental para lograr el equilibrio democrático y la instauración de la paz social. La débil infraestructura tanto material como humana con la que cuentan varios de los poderes judiciales de las entidades federativas en contraposición al nutrido presupuesto que se le asigna al Poder Judicial de la Federación, ha generado una situación de subordinación fáctica en materia de impartición de justicia que se refleja en los niveles de confianza que los ciudadanos tienen hacia una y otra de las judicaturas estatales y federal. A lo anterior habría que añadir la institución del amparo directo como medio de control jurisdiccional de la Constitución Federal que permite combatir las sentencias emitidas por los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas ante los tribunales colegiados de circuito; circunstancia que traslada la subordinación al campo de lo jurídico.

Por lo anterior, llama la atención la iniciativa presentada el pasado 13 de septiembre por diversos senadores del grupo parlamentario de MORENA, entre los que se encuentra la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. La iniciativa de Decreto tiene por objetivo reformar la fracción III del artículo 116 de la Constitución Federal, en la cual se contienen los principios básicos que las entidades federativas deben observar para la conformación y organización de sus poderes judiciales.

La exposición de motivos de la iniciativa que el grupo parlamentario del partido que ostentará el Ejecutivo Federal divide el contenido de la misma en tres ejes que son: Federalismo, División de Poderes y Autonomía e Independencia Judicial. En ese sentido, contiene diversas novedades en búsqueda del fortalecimiento de los poderes judiciales locales, entre las que destacan las siguientes:

  1. Supremacía constitucional local. Implementación de mecanismos que los estados deberán diseñar en sus constituciones para la defensa de las mismas, añadiendo la particularidad de que las sentencias constitucionales que dicten los poderes judiciales locales a través de los órganos establecidos como competentes para su emisión, únicamente podrán recurrirse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando afecten lineamientos establecidos en la Constitución Federal; lo cual elimina que dichas sentencias constitucionales se combatan a través del amparo directo promovido ante los tribunales colegiados de circuito.

  1. Independencia judicial. Ésta se busca consolidar a través de sus propios elementos; a saber, la seguridad de sus integrantes; el sistema de nombramientos, mismo que se pretende reforzar estableciendo concursos de oposición y comparecencias públicas para la designación de magistrados de los tribunales superiores de justicia, así como el establecimiento de mayorías calificadas de tres cuartas partes del total de los integrantes de los congresos estatales para su desginación, previa remisión de ternas que al efecto integrarán los consejos de la judicatura locales; desarrollo y formación de la carrera judicial; la estabilidad e inmovilidad de jueces y magistrados y la garantía de remuneración hacia éstos.

  1. Autonomía judicial. Al igual que la independencia, se hace una narrativa de los elementos que la componen, los cuales se fortalecen con propuestas planteadas a lo largo de la exposición de motivos de la iniciativa. Entre dichos elementos se encuentran la elección de sus autoridades, reconociendo a los tribunales superiores de justicia plena autonomía para la elección de sus presidentes y estableciendo una periodicidad obligatoria de duración en el cargo de cuatro años sin posibilidad de reelección inmediata; remoción de jueces conforme a la legislación aplicable, sin posibilidad de que dichas resoluciones puedan ser recurridas a través del amparo, siendo la Suprema Corte el único órgano competente para resolver su impugnación, única y exclusivamente en cuanto al debido proceso, y; autonomía presupuestaria que se garantizará con el establecimiento de una asignación obligatoria mínima del 2% del presupuesto general de los estados.

Como se puede observar, la iniciativa perisgue un verdadero fortalecimiento de los poderes judiciales locales, reconociendo que el gran reto en materia de impartición de justicia en nuestro país se centra en el llamado fuero común, en donde se resuelven el grueso de los procesos judiciales que se substancian día con día.

También es cierto que la iniciativa pasa por alto cuestiones trascendentales como pudiera ser la composición de los consejos de la judicatura de las entidades federativas, quienes en términos de la iniciativa presentada serán los encargados de llevar a cabo los concursos de oposición y la integración de ternas que serán remitidas a los congresos locales. Igualmente, pareciera que las grandes transformaciones en cuanto a la organización de los poderes de los estados y de sus instituiciones deberían presentarse en su respectivo ámbito constitucional, sin que fuera necesario el mandato de la Constitución General de la República para tal efecto. Asimismo, con las apabullantes mayorías que MORENA ostenta no sólo en el Congreso de la Unión sino en las legislaturas locales, pareciera que dichas mayorías podrían utilizarse para ir ganando terreno en la conformación y posterior control de los poderes judiciales de las entidades federativas.

Sin embargo, fuera de especulaciones y atendiendo a la sustancia de la iniciativa, considero que, de aprobarse, podría singificar un primer e importante paso hacia la consolidación de un verdadero federalismo judicial.

Escribe.- Salvador Hernández Garduño.

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