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Terreno peligroso / Por Pedro Kuri

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Las implicaciones del combate al narcotráfico han sido sumamente costosas para el país. De acuerdo con datos oficiales recopilados por organismos no gubernamentales, la cifra de personas asesinadas desde la llamada guerra contra el narco de Felipe Calderón a la fecha ascienda a 250 mil. Sin una declaratoria oficial como tal, ese número de homicidios equivale a una crisis humanitaria.

La situación, sin embargo, no ha cambiado al arranque de la Cuarta Transformación como la sociedad anhelaba, basada en la oferta de campaña del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las acciones a emprender contra el crimen organizado.

Los indicadores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública evidencian que durante el primer bimestre de este 2019, es decir, los primeros meses de la administración de López Obrador, México registró una cifra sin precedente de 5 mil 803 asesinatos, un 13 por ciento más con respecto al mismo periodo de 2018. Incluso, se estima que febrero de 2019 ha sido el más violento de las últimas dos décadas.

Los datos son escalofriantes, al igual que parte de la estrategia esbozada recientemente por el presidente para hacer frente a la inseguridad. Y es que, además de anunciar acciones en materia social y económica para atacar los orígenes de la delincuencia, López Obrador adelantó la posibilidad de que su gobierno promueva un acuerdo de paz, incluso, con los grupos del crimen organizado que desangran al país.

Un acuerdo de paz, según dijo, “con todos”. “Es todos portarnos bien”, matizó en su conferencia matutina del martes pasado.

Lo que no está a discusión es su estrategia ofensiva, plausible, de la Guardia Nacional. La incorporación de las fuerzas armadas a las tareas de seguridad garantiza mayor efectividad por su preparación y capacidad de operación.

También debe reconocerse que, por primera vez, la política de seguridad pública prevea abordar el consumo de drogas como un problema de salud pública.

Sin embargo, un acuerdo de paz, de la mano de la amnistía ofrecida con antelación, tendría consecuencias indeseables en una sociedad cuya tranquilidad y armonía ha sido minada desde sus cimientos.

Un pacto, como refiere el presidente, representaría indefectiblemente ceder a ciertas condiciones de los grupos del crimen organizado para, en su caso, deponer sus armas y detener esta masacre.

Sin duda, resultaría una estrategia práctica si la intención es contener de tajo la irrefrenable escalada de violencia que envilece a nuestra sociedad, pero se estaría pisando un suelo pantanoso con poco margen de maniobra y difícil de superar.

Establecer acuerdos conlleva una advertencia: nadie puede estar al margen ni sobre la ley. Bajo esa premisa, la posibilidad de un pacto con miras, de forma inicial, a una tregua, pendería de un hilo muy delgado que podría traer consecuencias catastróficas en momentos donde las autoridades mantendrían debajo la guardia.

En Colombia, el proceso de paz buscó, con marcados bemoles, conceder beneficios judiciales a capos y miembros de los carteles de la droga a cambio de entregarse voluntariamente a la justicia. Algunos convinieron penas mínimas con respecto a los delitos cometidos, pero otros, una mayoría más bien, mantuvo el manejo del narcotráfico desde prisión, como Pablo Escobar.

El contexto mexicano es antipodal al de Colombia, pero la lección práctica de su experiencia es que los delincuentes son reincidentes en un negocio tan redituable como la venta de drogas.

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