La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que es constitucional establecer en los códigos penales de México que, en legítima defensa, las personas pueden llegar a matar al agresor, y que será el Ministerio Público el que deba probar lo contrario si hay duda sobre cómo ocurrieron los hechos.

De ninguna manera se traduce en una autorización para hacerse justicia por propia mano, ni en una autorización para los excesos», explicó la ministra de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández.

«Se traslada la carga al ministerio público quien está obligado a investigar los delitos y a cerciorar, probar ante un juez si en determinado caso, se cumplieron o no los requisitos de la legítima defensa», dijo.

Al analizar una acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH contra una porción del artículo 25 del código penal de Veracruz que establece este supuesto, los ministros explicaron que esta presunción de defensa debe cumplir también con el supuesto de que el agresor ingrese a un domicilio privado poniendo en riesgo a la persona, familia, bienes e incluso, a un tercero que esté en el lugar.

“En condiciones precisa y claramente definidas -lo señala el artículo- cuando el agresor se encuentre o trate de entrar en un lugar en que el ofendido habite o tenga sus bienes -insisto- siempre que el que repele no haya sido el que provocó la agresión, por lo cual -lo dice el artículo- no resulte irracional la conducta de la persona”, dijo el ministro Luis María Aguilar.

Baja California y Nuevo León. recibieron la validación de artículos similares de sus códigos penales durante la sesión.

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