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Síntomas de caos / Por: Pedro Kuri

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Más allá de la promesa de armonía y unidad nacional, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador enciende nuevos fuegos sin terminar de sofocar los heredados. Paradójicamente, la búsqueda de paz está provocando efectos adversos.
De entrada, un “foco rojo” que no ha conseguido siquiera enfriar es el que representa el magisterio disidente, sector que, en apariencia, era un aliado de López Obrador ante su decisión de declarar como letra muerta la reforma educativa impulsada por su antecesor, Enrique Peña Nieto.
En demanda de pagos millonarios, maestros de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron desde el pasado 13 de enero vías ferroviarias estratégicas de siete municipios del estado de Michoacán, entre estos del puerto de Lázaro Cárdenas. Y aunque el gobierno estatal pidió al federal intervenir con el uso de la fuerza pública, el presidente cedió a las presiones y liberó unos ¡mil millones de pesos! para pagar adeudos reclamados por los docentes, en su mayoría, bonificaciones.
En vías de concluir este conflicto, aún vigente, el pasado lunes estalló otro similar de la misma CNTE, pero esta vez la sección 22 de Oaxaca, una de las más radicales del país. Bajo la misma estrategia de estrangular la economía regional, los maestros disidentes tomaron el aeropuerto internacional de Oaxaca, terminales de autobuses y diversos tramos carreteros. Sus demandas son la entrega de tres mil plazas de nuevo ingreso y la reclasificación de otras más, así como el pago de distintos conceptos económicos.
Es evidente que la relación perversa entre las autoridades federales y el magisterio se sostiene sobre la misma base de negociación, donde la sociedad permanece como rehén de la endeblez en la aplicación del Estado de Derecho.
Por otro lado, López Obrador ha dado por terminada la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa al anunciar que su administración no se distraerá en perseguir capos de la droga. Sin resolver esa problemática, no obstante, su administración destapó otra cloaca para afrontar un reto de la misma magnitud: el robo de combustible, que representa otra modalidad del crimen organizado.
Tras la abierta amenaza en su contra desde Salamanca, Guanajuato, con la instalación de un artefacto explosivo en la refinería de esa ciudad, López Obrador ha desestimado la intimidación y asegura que mantendrá su lucha contra el huachicol.
Detener la fuga de dinero a causa del robo de hidrocarburos es quizá una iniciativa necesaria ante el marasmo de administraciones anteriores, pero la estrategia puede ser cuestionable y, por ende, su efectividad.
Las bombas de tiempo, difícilmente, lograrán ser desactivadas con un equipo de trabajo de fuerza sosegada y los riesgos tácitos de un debilitamiento del Estado mexicano en apenas dos meses de la actual administración federal por falta de mano dura.
El ganso se está cansando.
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