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Sin excusa / Por Pedro Kuri Pheres

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Mediante una estrategia que desmorona las bases donde se construye la llamada Cuarta Transformación de México, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) consiguió esta semana hacerse de cinco diputados federales más en la Cámara baja, procedentes de un Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con ideales extraviados y en una orfandad política como partido aliado, nunca cabeza, para erigirse como mayoría absoluta en San Lázaro.
El convenio para amalgamar la “aplanadora” implicó un acuerdo que oxigenó las viejas prácticas rechazadas por el líder moral de Morena, Andrés Manuel López Obrador: el Senado concedió a Manuel Velasco Coello, gobernador con licencia de Chiapas, una licencia como senador por el resto de este año para regresar a esa entidad del sureste mexicano a terminar su periodo constitucional, previa maniobra legal que el joven político orquestó desde el Congreso chiapaneco.
La reestructuración de fuerzas al interior de las cámaras federal y locales no es asunto nuevo. De hecho, es parte de las negociaciones políticas que agilizan o entrampan la actividad legislativa del país, dependiendo la coyuntura y los intereses en turno y el tamaño de cada bancada. Así pasó, en su momento, con las llamadas “adelitas”.
Los contrapesos y sus repentinas inflexiones, cuando surge la necesidad de mayoritear, han sido el sello del transitar parlamentario nacional.
Sin embargo, esta ocasión será distinta, aunque no inédita. Morena llega con una fuerza aplastante, pero no invencible. Con mayoría absoluta en San Lázaro y primera fuerza en el Senado, el partido en el poder no puede incurrir en desacato de su principal líder, el próximo presidente de la República, y no propiamente por una lealtad a los principios enarbolados por el tabasqueño. Más bien, gran parte de los que alcanzaron una curul en lo federal y en lo local se lo deben al cobijo de López Obrador y a la inercia que acarreó su imagen en las votaciones, asociada a todos los candidatos de Morena.
Y su reto, por consigna, es combatir la impunidad y la corrupción, no alentarla.
Por ello, su compromiso es mayúsculo. El futuro mandatario de la nación ha proclamado una lucha profusa contra la corrupción, en busca de propiciar mejores condiciones económicas y sociales, y un país sin violencia. Sobre esos ejes es que deben conducirse los legisladores de la ahora principal fuerza política del país, así como futuros servidores públicos de la próxima administración federal.
Muchos de los objetivos trazados por AMLO deben pasar por manos, previamente, de los diputados y senadores, sin ambiciones ni intereses personales que echen por tierra la esperanza depositada en ellos por millones el pasado 1 de julio, confiando en una alternativa real ante la carestía, la inseguridad, la desigualdad y la falta de oportunidades.
Los legisladores morenistas no tienen pretextos para evitar la consolidación de todas las promesas presentadas por López Obrador, pues tampoco tienen enfrente una oposición sólida y cohesionada que revierta sus decisiones.
Las lecciones son para almacenarlas en la memoria y llevarlas a la praxis. Esto no fue entendido por el partido que ostentó el poder durante más de 70 años ni la derecha que nos gobernó durante dos sexenios, y la sociedad guardó la factura para cobrarla a lo chino.
Hoy Morena está bajo un escrutinio más agudo, de una sociedad inmersa en el hartazgo y la desconfianza que finalmente entendió su capacidad de elegir a quienes buscan gobernarnos y representarnos, y de castigar a quienes no cumplan sus expectativas.
El voto de los morenistas en el Congreso de la Unión será trascendental durante los próximos tres años, pero el de los electores después de ese periodo será determinante para definir la continuidad de un nuevo modelo político o, en caso contrario, recurrir al pasado.

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