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Saving CAPAMA / Por Pedro Kuri

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Hace un año exactamente, la víspera del periodo vacacional más importante del año, Acapulco sufría un fuerte problema de desabasto de agua a consecuencia del corte de energía eléctrica en los sistemas de bombeo Papagayo I y II y Lomas de Chapultepec, derivado del adeudo histórico de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio (CAPAMA) con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La medida obligó un encuentro urgente del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y la alcaldesa Adela Román Ocampo con el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, en busca de restablecer el servicio de energía en las plantas de CAPAMA.
De la reunión surgió un «acuerdo verbal» de Bartlett para evitar, en lo sucesivo, cortes al servicio de energía al sistema municipal de distribución de agua, bajo el compromiso de no incrementar la deuda de 580 millones de pesos mantenida con la paraestatal hasta diciembre de 2018, según se dio a conocer por parte del Ayuntamiento de Acapulco.
Un año después, no obstante, la acción fue aplicada nuevamente por la CFE con otras suspensiones en meses anteriores que la presidente municipal asumió como un intento por desestabilizar su gobierno. Se trató, arguyó hace unas semanas, de un «golpe de Estado silencioso» contra los gobiernos de Morena, una interpretación contradictoria considerando que la CFE atiende los mandatos del presidente Andrés Manuel López Obrador, cabeza del partido político en mención.
La polarización, más allá de un argumento de defensa, se entiende como un intento de apaciguar el escozor social por el cada vez más paupérrimo servicio de agua, sin una solución real al problema de fondo.
La crisis de CAPAMA no es actual. De noble esencia como otrora Junta de Agua Potable, el organismo pasó a ser conocida como la «caja chica» del gobierno municipal durante la extinta hegemonía priísta y los últimos gobiernos perredistas la convirtieron en asilo laboral de personas recomendadas.
Con una nómina inflada y deudas millonarias al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del estado de Guerrero (ISSSPEG) y a la CFE, la operatividad de CAPAMA es limitada. De ahí las fugas continuas de agua potable y drenaje en una red hidrosanitaria vetusta que, a falta de presupuesto, no recibe mantenimiento ni rehabilitación.
Esta semana la alcaldesa sostuvo otro encuentro con Bartlett para establecer un compromiso de reducir el adeudo mediante la prescripción de créditos fiscales, así como el costo de la energía suministrada a la CAPAMA como organismo operador del agua.
Más allá de acuerdos, la asfixia financiera de CAPAMA reclama una purga profusa, con base en un diagnóstico serio sobre las necesidades administrativas y operativas inmediatas.
De este proceso no deben estar excluidos los usuarios porque la cartera vencida es otro lastre del organismo, a la par de la revisión de tarifas conforme a la eficiencia y regularidad del suministro.
Ajustar el gasto corriente, con todas las implicaciones políticas que conlleva, sin embargo, es una acción impostergable que sentaría las bases de una auténtica reestructuración  del organismo con mitas a devolverle su esencia y utilidad.

Pedro Kuri Pheres en Facebook
@pedrokuripheres en Twitter
acapulco.ok@gmail.com

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