Los refugios para las mujeres víctimas de violencia salvan vidas y son hasta ahora el mecanismo más articulado para prevenir feminicidios, señaló la Licenciada en Mercadotecnia, Giselle Arellano al tiempo de agregar que el presupuesto que se les otorga debe ser reforzado pues de no ser así, en el 2023, se verán obligados a cerrar sus puertas por no contar con recursos que les permitan cubrir sus gastos.
Asimismo, señaló que la Red Nacional de Refugios (RNR) ha venido denunciando la inoperancia de las autoridades encargadas de liberar el recurso destinado para operar los refugios para las mujeres víctimas de violencia donde en el primer trimestre del 2022 se atendieron a 10 mil 31 personas de manera gratuita, de las cuales 6 mil 948 mujeres, niñas y niños, fueron resguardados, y el resto recibió orientación telefónica y en redes sociales, por lo que la organización expresa su “profunda preocupación” por la falta de recursos públicos para atender la violencias contra las mujeres.
En este renglón, Giselle Arellano coincidió con la RNR al destacar que no se trata de dinero sino de la protección de los derechos de las mujeres, sus hijas e hijos a vivir libres de violencias y contar con un espacio que les brinde seguridad, sin embargo, la falta de financiamiento implica, que en los refugios se dé prioridad a las necesidades como reducir la cantidad de medicamento; la compra de alimentos, retrasar los pagos de las colaboradoras, extender los procesos médicos, jurídicos de mujeres, sus hijas e hijos; o bien, retrasar las capacitaciones necesarias para el empoderamiento económico de la mujer.
Por ello, Giselle Arellano informó que la RNR ha propuesto que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), cree un fondo revolverte y multianual para el fortalecimiento, operatividad y continuidad de los refugios, dado que la falta de presupuesto con perspectiva de género continúa siendo un obstáculo ya que el presupuesto asignado para el 2022 no es suficiente, ya que no se tomó en cuenta la inflación del siete por ciento en general, y no refleja el incremento en alimentos que llega hasta el 12 por ciento.
Destacó que en un país con alrededor de 10 feminicidios diarios, son señal de una profunda crisis de Derechos Humanos, de la falta de presupuesto con perspectiva de género, de impunidad, de falta de acceso a la justicia, la ausencia de una política de Estado para Refugios y Centros de Atención Externa que garantice su operatividad todo el año y por lo tanto su existencia, lo que abre posibilidades de que el número de feminicidios o violencia se incremente.
Informó que esta situación se viene dando desde años atrás, los gobiernos en turno han venido retrasando hasta por 4 meses la entrega del recurso público, por lo que es imprescindible que se apruebe una política de estado que garantice la operatividad ininterrumpida de los albergues o refugios para mujeres violentadas y por ende, garantizar el financiamiento por 12 meses. Propuesta y solicitud que se ha venido poniendo sobre la mesa tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo por parte de las organizaciones, pero sin tener avances en ese sentido.
Finalmente, Giselle Arellano resaltó es urge que los refugios cuenten con los recursos correspondientes para poder seguir operando, ya que ante las lamentables cifras de violencia contra las mujeres, no se nos puede dejar abandonadas, es decir, se debe reconocer los derechos de las mujeres, sus hijas e hijos con acciones y políticas públicas que sean progresivas, incluyentes y con perspectiva de género.
** Giselle Arellano es Lic. en Mercadotecnia por el ITESM y la California State University of Northridge. Ha realizado estudios de post grado en el IPADE Business School. Precursora de los Objetivos del Desarrollo Sostenible definidos por la ONU, e impulsora para disminuir la brecha de participación de mujeres de alto impacto social y los niños.
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