De acuerdo con el diario de circulación nacional Milenio, la Procuraduría General de la República (PGR) comenzó a investigar no sólo la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, sino también si las víctimas contaban con antecedentes penales en Estados Unidos.
Por ello, solicitaron también apoyo al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), a través de un oficio dirigido a la Embajada de Estados Unidos en México, para que buscara en sus bases de datos si algún normalista estaba envuelto en actividades ilícitas.
La Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) solicitó también a las fiscalías y procuradurías de las 32 entidades mexicanas la investigación si los jóvenes desaparecidos tenían antecedentes penales.
Solamente la Fiscalía General de Justicia de Guerrero estableció que Miguel Ángel Mendoza Zacarías, uno de los normalistas desaparecidos, contaba cargos por posesión de arma de fuego, lo cual fue desechado por la PGR tras averiguar que, en aquella ocasión, fue detenido por poseer cohetes.
Por su parte, el FBI informó a la PGR, que “no se encontró ningún registro de ninguno de los expedientes” de los normalistas dentro de las estadísticas criminales de aquel país.
