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Medios públicos y democracia / Salvador Hernández Garduño.

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La información es una de las más eficaces herramientas para la acumulación del poder político. Aquel que cuenta con información que no está a disposición de los demás, adquiere una ventaja en el campo sobre el cual versa dicha información.

Los estados democráticos no están exentos del manejo de la información como herramienta de fijación de agenda pública por parte de distintos agentes del estado y particulares. El fijar agenda, permite a los gobiernos, medios de comunicación, corporaciones y demás factores reales de poder, orientar el pensamiento social hacia ciertas temáticas que se ajustan a sus intereses. Los intereses pueden variar desde lo económico hasta el verdadero control social.

Por lo anterior, desde la segunda mitad del siglo XX se impulsó el surgimiento y consolidación de los medios públicos de comunicación, cuyo objetivo es abrir espacios de comunicación de información objetiva, imparcial, sin sesgos políticos u oficialistas, que permitan a la sociedad encontrar en ellos verdaderos escenarios de diálogo democrático, que a su vez garanticen los derechos, las libertades, la cultura, la educación, la representación de la diversidad, entre otros aspectos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), emitió en el año 2015 un documento denominado “Principios y “buenas prácticas” para los medios públicos en América Latina” (véase el documento en: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Montevideo/pdf/CDCI3-Becerra-ES.pdf), a través del cual pretende proponer “lecciones claves” para garantizar el correcto funcionamiento de los medios públicos en los países de la región.

Entre los elementos que la UNESCO considera que deben caracterizar a los medios públicos, encontramos los siguientes: I. Cobertura de sus servicios; II. Independencia editorial y financiera (sujeta a revisión por su financiamiento público); III. Autonomía de sus órganos de gobierno; IV. Pluralidad de su contenido e imparcialidad y diversidad de su programación; V. Mandato de servicio público; VI. Rendición de cuentas y; VII. Producción de contenidos alineados al interés público (páginas 14 y 15 del documento).

En la misma línea, existe una robusta doctrina de los medios públicos que si bien se diferencia en razón de las distintas posiciones ideológicas que caracterizan a los autores que la han conformado, converge en la indispensable distinción de los medios públicos de los medios comerciales, quienes guiados por la tendencia del mercado, generan información que responde a distintos intereses, preponderantemente económicos.

El doctor Javier Esteinou Madrid, Profesor Distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana y Consejero Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, ha señalado la importancia de la defensa de los medios públicos de comunicación en México. Estudioso de los medios de comunicación, sostiene que los medios públicos deben priorizar la razón de Estado por sobre la razón de mercado” (Revista Razón y Palabra, num. 46). Por lo anterior, los medios públicos de comunicación juegan un papel de suma importancia para el equilibrio ideológico del estado, el cual es sesgado por el contenido que difunden los medios comerciales.

Dicho lo anterior, es menester prestar atención a la iniciativa presentada por el diputado morenista Mario Delgado Carrillo, que busca reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pues en materia de comunicación social incorpora novedosas facultades a la Oficina de la Presidencia de la República para conducir, instrumentar y evaluar la política de comunicación social del gobierno federal con la intervención que corresponda a la Secretaría de Gobernación, quien a su vez cuenta con las facultades de elaboración e instrumentación de dicha política.

El aspecto escrutador contenido en las nuevas facultades de la Oficina de la Presidencia se fortalece con la diversa facultad de establecimiento de disposiciones de carácter general, a través de las cuales definirá el modelo organizacional y de operación de las unidades administrativas que realicen actividades en la materia. Lo que sea que eso signifique.

Si bien es cierto que la política de comunicación social tiene una naturaleza distinta del servicio público de comunicación que prestan los medios públicos, lo cierto es que la iniciativa abre la puerta a una retórica que comprometa los elementos que deben caracterizarlos.

Lo anterior debe considerarse en relación con las declaraciones que recientemente pronunció Zoé Robledo, futuro subsecretario de Gobernación, quien señaló que el próximo gobierno pretende el fortalecimiento de los medios públicos a través de los ajustes a diversas legislaciones a fin de que armonicen con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En ese sentido, es fundamental que como ciudadanos realicemos un acompañamiento al proyecto de fortalecimiento de los medios públicos y señalemos cualquier acción que pretenda desviar el camino de la consolidación de su autonomía; pues de buscar una centralización de los mismos a través del instrumento de la ley, significaría un grave retroceso a la libertad de expresión y al acceso a la información.

Los medios públicos se han posicionado como un elemento esencial de los estados democráticos. Exijamos la garantía de su subsistencia y fortalecimiento en beneficio de los derechos y las libertades de todos los mexicanos.

Escribe.- Salvador Hernández Garduño.

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