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Por Pedro Kuri Pheres

El asesinato del presidente municipal de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, tan deleznable como el de cientos de guerrerenses víctimas de esta fatídica espiral de inseguridad en nuestro estado, atizó un enfrentamiento mediático durante la última semana entre el partido gobernante, el Revolucionario Institucional, y el PRD, que mantuvo el poder desde 2005 hasta el año anterior.
El crimen del alcalde perredista abrió un flanco en la escena política local y nacional que el PRD aprovechó para emprender una ofensiva contra el PRI y achacarle los errores en la estrategia para abatir la violencia, en voz de la actual secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del partido del sol azteca, Beatriz Mojica Morga -ex candidata malograda al gobierno de Guerrero- y del presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre.
Esa postura de la izquierda partidista generó una reacción de la actual administración estatal, a cargo del secretario general del Gobierno de Guerrero, Florencio Salazar Adame, quien responsabilizó a sus antecesores perredistas de la situación de violencia padecida en la entidad, y criticó la política en materia de seguridad implementada por el presidente municipal de Acapulco ante los irrefrenables asesinatos ocurridos diariamente en distintas zonas de la ciudad.
Evidentemente, las acciones oficiales contra la delincuencia no han sido efectivas hoy ni anteriormente. En Guerrero, mantenemos uno de los primeros lugares en el país con mayor número de homicidios dolosos. Acapulco, de hecho, es considerada una de las ciudades más inseguras del mundo desde hace tres años.

Y todo lo anterior, más allá de operativos policiacos y de la vigilancia desplegada por el Ejército mexicano y la Marina, ha sido consecuencia de las malas estrategias aplicadas en materia social, que han incrementado el ejército de ciudadanos al servicio de la delincuencia para obtener los ingresos que no consiguen por falta de empleos o la abundancia de vacantes mal remuneradas o eventuales. Errores, insisto, no de esta administración, sino de años atrás.

[adrotate group=”1″] Por tanto, repartir culpas y endilgar los yerros de la compleja problemática de seguridad a personajes, partidos políticos o gobiernos, resulta tan intrascendente y estéril como el hecho de usar coyunturas lamentables -como el asesinato de Soto Duarte- para sacar raja política y deponer el verdadero sentido de la exigencia de justicia.
El empeño de las autoridades y de loa líderes político debiera orientarse, más bien, hacia la construcción plural de políticas públicas que, de una vez por todas, frenen a este lacerante fenómeno que resquebraja de manera sostenida el frágil tejido social, deteriora la economía regional y ahuyenta al turismo.
Las diferencias ideológicas entre partidos políticos no deben ahondar los sentimientos de desesperanza que privan entre nuestra sociedad, tan ávida ya de un clima de paz y tranquilidad permanente.
La diatriba y la descalificación nunca deben ser los ejes discursivos en la agenda de seguridad de ningún gobierno, de ninguna autoridad y de ninguna fuerza política. En las propuestas serias y viables reside la fortaleza y visión de quienes las promueven. Bajo esa premisa, los responsables de la inseguridad hoy salen a flote, por sí solos, ofreciendo recetas sobre cómo combatir el mal, ya concluida su responsabilidad como autoridades o representantes populares.

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acapulco.ok@gmail.com

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