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Los damnificados de la 4T / Por Pedro Kuri Pheres

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La consigna presidencial, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados hizo valer su mayoría para concretar la extinción de 109 fideicomisos públicos en materia de salud, ciencia, artes y atención a población en desgracia ante desastres naturales, uno de tantos propósitos con tufo a capricho trazados en esta Cuarta Transformación.

La iniciativa aprobada fast track en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja prevé que, en apariencia, los 98 mil 478 millones de pesos de esos fondos sean administrados en adelante por la Secretaría de Hacienda para redirigirlos al sector Salud, particularmente a la adquisición de la vacuna del Covid-19, pero también al fortalecimiento de los programas sociales federales.

La justificación para eliminar los fideicomisos es tan ambigua como el destino del dinero que manejaban.

Según la fracción de diputados de Morena, esa decisión está fundamentada en la emergencia económica a consecuencia de la pandemia y en la urgencia de reorientar los fondos para afrontarla.

La versión del presidente Andrés Manuel López Obrador es abiertamente distinta. Los fideicomisos, a su juicio, requieren una purga por su manejo discrecional, sin control, y la presencia de aviadores entre los beneficiarios de los mismos.

Entonces, la verdadera emergencia por sacar esta iniciativa tiene que ver con la reivindicación del proyecto político de la 4T en pleno proceso electoral -muy efervescente, por cierto- y la posibilidad de concederle al presidente el manejo directo de los casi 100 mil millones de pesos en juego.

De concretarse el dictamen sin las observaciones en lo particular el próximo martes, artistas, científicos, deportistas de alto rendimiento y damnificados deberán solicitar becas y apoyos para el desarrollo de sus actividades de forma directa a la Presidencia. Así, López Obrador adoptaría la imagen cuasi sacrosanta de único dador y proveedor, insisto, por razones meramente políticas.

Todos los fideicomisos tienen su razón de ser, pero lo más preocupante, al menos para Guerrero y otros estados azotados por los fenómenos naturales, es la desaparición del Fondo Nacional de Desastres (Fonden). Cada año, las lluvias dejan estragos en las zonas serranas, montañosas y las costas de esta entidad, consideradas las más vulnerables durante la temporada de huracanes. Además, desde hace unos años, el mar de fondo fenómeno afecta con dureza gradual a prestadores de servicios turísticos de playa de todo el litoral guerrerense con pérdidas cuantiosas y el riesgo inherente. Sobra mencionar el peligro que representa para los habitantes de Guerrero su constante actividad sísmica, la tercera de mayor incidencia del país.

Con la decisión en ciernes, los trámites de indemnizaciones a damnificados mediante declaratorias de desastre o emergencia se advierte un enredo porque implicará replantear desde cero los procedimientos previstos en el Fonden, algo similar a lo ocurrido con el Programa de Fertilizante Gratuito que el gobierno federal centralizó para extirpar fallidamente vicios e irregularidades.

Finiquitar estos fideicomisos de un plumazo es una verdadera atrocidad, pero en el fondo revela lo más delicado: el poder absoluto que ejerce el presidente con su mayoría en el Congreso de la Unión y, ahora, en una Suprema Corte de Justicia de la Nación doblegada y sometida que actuó a la voluntad presidencial al aprobar la consulta popular para enjuiciar a ex presidentes de México, con otra pregunta que resulta un galimatías.

Ante estas decisiones históricas, dudo que el Covid-19 sea el verdadero temor de los mexicanos en este momento.

Pedro Kuri Pheres en Facebook

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acapulco.ok@gmail.com

 

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