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Justicia a propia mano / Por Pedro Kuri Pheres

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Construir un patrimonio es titánico. Implica esfuerzo, dedicación y sacrificios muchas veces interminables. Y ante el contexto económico y social actual, sostenerlo acarrea dificultades que van sorteándose con altas y bajas.

Es por eso que lastima e indigna, por decir lo menos, cuando personas dedicadas a actividades delictivas, bajo circunstancias que nunca serán justificables, incurren en el hurto de bienes materiales o, peor aún, amenazan nuestra integridad y la de nuestras familias.

Anteriormente, actuar en defensa propia era considerado delito, según el criterio de cada juez, y proteger la integridad y de los familiares implicaba purgar condena en cárcel como homicida.

La semana pasada, sin embargo, el Congreso de Guerrero aprobó modificaciones al Código Penal del estado que excusan los delitos de homicidio y lesiones a quienes se defiendan de forma legítima ante cualquier acto de agresión.

Las reformas especifican que la legítima defensa será considerada como tal cuando el agraviado la ejerza en su hogar o centro de trabajo, siempre y cuando esté justificado el riesgo hacia la víctima o su familia.

La medida, sin duda, atiende un clamor generalizado entre una sociedad lastimada por esta irrefrenable violencia y se deriva también de la necesidad de encontrar otras alternativas que inhiban los hechos delictivos, ante la poca efectividad que han surtido las estrategias policiacas contra el crimen durante los últimos 20 años.

También, empero, es un reconocimiento tácito del Poder Legislativo a la incapacidad de autoridades policiacas locales de contener la incidencia de delitos y delegar parte de esa responsabilidad a los propios ciudadanos.

La decisión de los diputados locales es plausible y, desgraciadamente, necesaria, aunque las medidas de protección en legítima defensa deberían tener alcances más amplios para actuar en otras situaciones frecuentes como el robo de vehículos con violencia.

No es lo deseable, por supuesto, que la ciudadanía tome justicia por propia mano, pero esto se torna necesario dados los resultados de las acciones oficiales para reducir los niveles delictivos.

Esto conlleva, asimismo, a revisar la legislación sobre el uso y portación de armas de fuego por parte de particulares, aunque se trata de un tema delicado que amerita análisis profuso de los representantes populares y someterlo a consenso mediante foros de consulta con todos los sectores de la sociedad.

Más allá de las líneas referidas, la lectura obligada con esta aprobación es aceptar el nivel de degradación de nuestra sociedad y los extremos que debemos sobrepasar para protección propia, lo que es consecuencia de la poca claridad de las políticas públicas en materia de seguridad que se ven diezmadas ante la capacidad de reacción de la delincuencia organizada.

Es en ese renglón donde se debe poner énfasis, más allá de convertir a Guerrero en un pueblo justiciero.

Pedro Kuri Pheres en Facebook

@pedrokuripheres en Twitter

acapulco.ok@gmail.com

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