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Por Roberto Garza.

Sergio Rosas González, quien fungió como juez calificador de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, fue asesinado la semana que pasó de tres balazos mientras comía en un restaurante del centro comercial Plaza Navegantes, a una cuadra de la Costera, en el fraccionamiento Hornos.

El agresor, como pocas veces ocurre en estos casos, fue detenido por policías estatales acreditables. El asesino es Juan Daniel Ojeda Coyotzin, de 19 años de edad, y quien ya ingresó al reclusorio de Las Cruces, para ser consignado a un juzgado penal.

En su declaración el detenido detalló que dos hombres pasaron por él en una camioneta cerca de la playa Papagayo y los esperaba en un negocio abandonado frente a la calle que va a dar justamente al centro comercial donde se ubicaba la víctima.

Allí, sus cómplices le proporcionaron una pistola 9 milímetros y le indicaron como iba vestido el abogado, por lo que se dirigió al restaurante, y cuando tuvo a la vista a su víctima, lo ejecutó.

Ojeda Coyotzin aseguró que los otros dos hombres huyeron del lugar tras el homicidio, por el cual recibiría 3 mil pesos, mismos que no le fueron entregados.

El drama ocurre más seguido de lo que parece. De acuerdo con fuentes municipales y estatales de La Síntesis, la mayoría de los sicarios que son contratados para las ejecuciones, son menores.

Las edades oscilan entre los 14 y los 19 años de edad. Jóvenes que no tienen, la mayoría de las ocasiones oportunidades de trabajo ni otra forma de subsistir, por lo que son presa fácil de los grupos de la delincuencia organizada.

Estos grupos los usan “como carne de cañón” para cometer sus crímenes, que casi todos quedarán impunes. De hecho, el 97 por ciento de los crímenes cometidos en Guerrero quedan impunes.

Estas cifras derivan de la última la Encuesta de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, hecha por el INEGI. La impunidad en el ámbito local, superior al promedio nacional, que es de 92.8 por ciento.

De dos a seis personas son asesinadas cada día en Acapulco. Los responsables de esos crímenes, los jóvenes sicarios, portan armas cortas y se transportan en motocicletas y automóviles de bajo perfil.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal informó a inicios de este mes que Acapulco es la tercera ciudad más violenta del mundo, detrás de San Pedro Sula, Honduras, y Caracas, Venezuela.

Mientras que, a nivel nacional, de acuerdo con este estudio, Acapulco es la ciudad más violenta del país. Después se ubicaron Culiacán, Sinaloa, y Ciudad Juárez, Chihuahua.

En julio pasado, el Instituto para la Economía y la Paz colocó al puerto de Acapulco como la ciudad más violenta y con los índices más bajos de paz. Este año, Guerrero fue el estado más violento.

Para muestra otro botón: en noviembre del año pasado, el Grupo de Coordinación Guerrero (GCG) detuvo a una banda dedicada a la extorsión de empresarios, así como sicarios encargados de ejecutar a personas de grupos rivales en la zona de Puerto Marqués y Llano Largo.

Los detenidos fueron Diego Armando Añorve Mártínez, Julio César Gallardo Pineda y Luis Ángel Hernández Vázquez, de 22 años, los primeros, y 19 el tercero, quienes pertenecen a un grupo criminal de Sinaloa, sin que las autoridades especificaran el nombre de la organización delictiva.

Y esta situación viene de mucho tiempo atrás: en 2011, dos jóvenes fueron hallados en posesión de dos cabezas humanas en Acapulco; entre ellos estaba una mujer de 19 años señalada como jefa de un grupo de homicidas.

Ambos jóvenes fueron detenidos en el momento en que descendían de un auto con una hielera y varias cartulinas con mensajes contra un grupo rival. La Policía Federal identificó a los detenidos como Gustavo Williams García, alias “Williams”, y Damaris Gómez Negrete, alias “Güera”, ambos presuntos sicarios del grupo “La Barredora”.

En 2009, unos estudiantes de Acapulco, de entre 18 y 23 años de edad, decidieron formar una banda de secuestradores. Sus víctimas fueron otros jóvenes de entre 18 y 23 años: nada menos que sus propios compañeros de estudios. Las autoridades sostienen que el grupo realizó 39 plagios; la madre de una de las víctimas asegura que la banda asistió al velorio de su hija; los secuestradores le dieron el pésame, y lloraron sobre el ataúd.

El drama de fondo del estado de Guerrero es lo que la ausencia del Estado ha hecho con la gente. Esto es lo que sucede a diario en una ciudad como Acapulco, en done la ausencia de la autoridad se hace cada vez más evidente.

Y nada, ni 11 operativos federales, ni la propuesta del alcalde Evodio Velázquez Aguirre, su “Escudo Acapulco”, parecen inhibir esta lacerante violencia que a los ciudadanos agobia y aterroriza.

Ironía de la vida, al parecer el tema de fondo es la falta de inversión en la juventud. Aunque existe una Ley de la Juventud del Estado de Guerrero número 607, publicada en el Diario Oficial del estado en marzo de 2012, e impulsada por el entonces gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, él es uno de los principales acusados por los padres de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de desaparecer a sus hijos en septiembre de 2014 en Iguala.

La Secretaría de la Juventud estatal, cuya tarea es: “coordinar, diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas para impulsar, promover y facilitar el desarrollo integral de las capacidades de las y los jóvenes”, según la página web, no hace mucho para prevenir o detener esta situación.

El problema y fondo de la violencia se asoma en los datos. Si los quieren o no ver, es cuestión de voluntad en el presente y responsabilidad en el futuro

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