El Senado de Brasil votó el jueves pasado para suspender a la Presidenta Dilma Rousseff y comenzar un juicio político en su contra.
Uno de los espectáculos más antiguos de Brasil incluye una gran variedad de personajes cuyos dotes histriónicos se transmiten a millones de televidentes casi todas las noches.
El elenco cambiante de 594 actores incluye a sospechosos acusados de homicidio y tráfico de drogas, jugadores veteranos de fútbol, un campeón de judo, una estrella de música country y un grupo de hombres barbudos lideran un movimiento femenino.
El reparto también incluye a un payaso conocido como “Tiririca”(término que significa gruñón en portugués).
Pero estos no son actores. Son los hombres y mujeres que sirven en la legislatura nacional de Brasil.
Mientras la nación sufre la peor crisis política de esta generación, los legisladores que orquestaron la suspensión de la Presidenta Dilma Rousseff –que fue suspendida el jueves y se enfrenta a un juicio político– son sometidos a un nuevo escrutinio.
Más de la mitad de los miembros del congreso se enfrentan a procesos legales, desde casos en los tribunales de auditoría relacionados con contratos públicos hasta graves acusaciones de secuestro y asesinato, según Transparencia Brasil, un grupo de vigilancia contra la corrupción.
Con 28 partidos con curules, el Congreso de Brasil es el más dividido del mundo, asegura Timothy J. Power, un profesor de estudios brasileños en la Universidad de Oxford.
Los expertos resaltan que la mayoría de los partidos no representan ninguna ideología o programa de gobierno y que simplemente son vehículos para el clientelismo y la corrupción.
Los legisladores brasileños están entre los mejores pagados del mundo y varios académicos dicen que sus ingresos van mucho más allá del salario mensual.
También reciben gastos para vivienda, salud y contratación de personal, y además gozan de inmunidad especial frente a los procesos legales. Sólo el Tribunal Supremo, cuya capacidad de trabajo suele estar desbordada, puede condenarlos por cargos penales, pero esos procesos pueden durar años.
El presidente de Brasil debe forjar coaliciones hasta con una docena de partidos para aprobar sus proyectos de ley. A menudo el precio de la lealtad es un puesto ministerial, o tres, dependiendo del número de votos que el partido puede ofrecer.
En algunos casos, la cooperación implica el intercambio ilícito de dinero en efectivo. En 2005 un escándalo conocido como mensalão(gran pago mensual), reveló cómo funcionan este tipo de arreglos. Para ganar votos en el congreso, el partido del presidente Luiz Inácio Lula da Silva le habría pagado a los legisladores que lo apoyaban un estipendio mensual de 12.000 dólares.
El escándalo de corrupción más reciente, conocido como Operação Lava Jato (operación lavacarro), ha resultado ser incluso más grande, pues incluye sobornos de miles de millones de dólares para los partidos políticos por parte de la empresa nacional de petróleo, Petrobras. Más de 200 personas, entre empresarios y magnates hasta líderes políticos, se han visto involucrados en el escándalo y es probable que este número crezca aún más.
“Brasil no es un caso atípico, es un fenómeno”, dijo Gregory Michener, director del programa de transparencia pública en la Fundación Getúlio Vargas, una universidad de Río de Janeiro.
