Dark Light
El domingo 1° de agosto de este año, por vez primera, se llevará a cabo en nuestro país una consulta popular que desde sus primeros hálitos se ha visto envuelta en una nube de polémica.

El domingo 1° de agosto de este año, por vez primera, se llevará a cabo en nuestro país una consulta popular que desde sus primeros hálitos se ha visto envuelta en una nube de polémica.

El asunto encuentra sus orígenes en la petición formulada por el Presidente de la República a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, de fecha 15 de septiembre de 2020 (el escrito de petición puede consultarse en la siguiente liga: https://presidente.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/CARTA-A-LAS-Y-LOS-SENADORES-15SEP20-pdf.pdf).

De primera instancia, muchos –como el que escribe estas líneas– manifestamos nuestro desacuerdo con la organización y celebración de este ejercicio bajo el argumento de que “ni la ley ni la justicia se consultan”. Sin embargo, a pesar de la polémica, la constitucionalidad sobre la materia de la consulta popular fue sometida a discusión y análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En una decisión dividida, el Máximo Tribunal de nuestro país resolvió declarar constitucional la materia de la consulta, pero las y los ministros modificaron el texto de la pregunta que se realizará a la ciudadanía, convirtiendo la interrogante en el siguiente galimatías:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Desde mi punto de vista, con la decisión de la mayoría de la Corte, la Constitución fue lacerada y la democracia, desbordada.

El 28 de octubre de 2020, el Congreso de la Unión publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular sobre “las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”  (disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5603705&fecha=28/10/2020.)

En consecuencia, ahora corresponde al Instituto Nacional Electoral la organización y desarrollo de la jornada.

Así, las instituciones del Estado mexicano legitimadas para solicitar y decidir sobre la celebración de una consulta popular, así como para materializar su organización y desarrollo, ejercieron las atribuciones que les fueron conferidas conforme a las leyes y la Constitución. La controvertida iniciativa presidencial se convirtió en realidad.

Constantemente se dice que el espíritu democrático no responde a caprichos, o se es demócrata, o no se es. Una clásica sentencia de nuestros tiempos dicotómicos. Lo mismo aplicaría para la disciplina institucional, o se es institucional, o no se es.

Hoy por hoy, la consulta popular logró superar los filtros de la legalidad, de la institucionalidad y de la constitucionalidad. Por lo tanto, a quienes creemos en las instituciones, en la ley y en la Constitución, no nos queda más que participar en este ejercicio sin precedentes.

Votar en las consultas populares no es solo un derecho, sino una obligación; así lo dispone el artículo 36, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 7 de la Ley Federal de Consulta Popular.

La materialización de los mecanismos de democracia directa representan un paso más hacia la consolidación democrática de nuestra Nación, despojémonos por un momento de nuestras filias y fobias políticas y expresemos nuestro sentir a través de la participación; todo esto, sin dejar de promover el diálogo democrático respetuoso, tolerante e inclusivo.

Disentir también democrático.

Escribe.- Salvador Hernández Garduño.

entradas relacionadas
Total
1
Share