La Guardia Nacional (GN) es producto de un clamor generalizado de la sociedad mexicana de frenar la inseguridad y la imparable violencia que sigue manifestándose con intensidad en Guerrero, a seis meses de la Cuarta Transformación.

Responde a las demandas, pues, de una estrategia efectiva que detenga la ola de homicidios, secuestros y diversos delitos que impactan de manera negativa en lo económico y lo social.

Con las vicisitudes que implicó su creación e inconformidades manifiestas por su esencia, estructura y mando, el nuevo cuerpo de seguridad será presentado oficialmente este domingo en el Campo Marte e iniciará operaciones de forma inmediata.

En el caso de Guerrero, la Guardia Nacional desplegará operativos en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Taxco y Chilapa ante sus necesidades particulares de seguridad, aunque se desconoce la cantidad precisa de agentes a cargo de labores de patrullaje, prevención del delito e investigación.

El estado de fuerza de esta corporación policiaca-militar, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública federal, será de 70 mil efectivos de manera inicial, con el propósito de duplicar esa cantidad al cierre de este sexenio.

Aunque su ley fue aprobada desde el pasado 27 mayo, la GN carece todavía de un reglamento de operación que especifique sus funciones por demás obvias frente al contexto actual.

Sin embargo, en menos de dos semanas, esas condiciones han sufrido un viraje: la amenaza arancelaria lanzada por Estados Unidos a productos mexicanos para obligar al gobierno federal a impedir -o mitigar- el ingreso de migrantes indocumentados por la frontera compartida, obligó a un replanteamiento de los objetivos fundacionales de la Guardia Nacional y atender la coyuntura.

Previo a su presentación de este domingo, una fuerza de seis mil agentes de la GN fue desplegado en la frontera sur para evitar el ingreso de centroamericanos en busca del sueño americano y otro tanto en estados del norte para el mismo propósito.

Si bien entre las atribuciones de la Guardia se prevén acciones de control migratorio, no se debe perder de vista que su origen atiende a cuestiones eminentemente de seguridad vinculada a la operación de grupos del crimen organizado. Es un hecho que muchos centroamericanos, salvadoreños y hondureños principalmente, son reclutados por la delincuencia, pero contener su ingreso al país debe ser una tarea concerniente al Instituto Nacional de Migración mediante el reforzamiento estratégico de las fronteras.

Es vital, por ello, definir una reglamentación de este nuevo cuerpo policiaco para no desviar sus tareas, como ocurrió con las fuerzas armadas años atrás cuando se decidió ponerlas al frente del combate al narcotráfico con lagunas legales que limitaban su actuación y desprotegían a militares y marinos.

La migración, sí, conlleva a un problema de seguridad pública, pero ambas problemáticas deben atenderse por separado con autoridades y estrategias específicas. En el caso del ingreso masivo de centroamericanos a territorio nacional, sus causas son ajenas a México y, por tanto, tampoco deben involucrarse en las políticas públicas nacionales ni implicar la inyección de recursos públicos en momentos de incertidumbre económica en el país.

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