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Especialistas señalan que esto tiene un interés de centralización organizacional y no es una medida de austeridad

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador trabaja en un proyecto de reforma para desaparecer organismos desconcentrados y descentralizados y transferir sus funciones a dependencias como la Secretaría de Bienestar, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) o la Secretaría de Gobernación (Segob).

En total, y de acuerdo con el documento del anteproyecto difundido, son 17 organismos públicos federales que desaparecerían, entre los que se encuentra la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes).

En los órganos propuestos para fusionarse con las dependencias trabajan unos 3 mil 174 burócratas, de acuerdo con el Analítico de Plazas del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2022. Estos trabajadores estarían a la deriva durante el proceso de liquidación de los entes públicos.

Aunque en el documento se menciona que los derechos de los trabajadores serán respetados, los artículos transitorios también indican que las dependencias que absorberán a los organismos desconcentrados y descentralizados deben “prever el presupuesto y los mecanismos necesarios para la liquidación de personal conforme a la legislación laboral”.

Los 17 organismos suman un presupuesto de 2 mil 825.7 millones de pesos, casi el doble de la partida asignada a toda la Secretaría de la Función Pública y cinco veces los recursos con los que contará el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) este año.

Esta suma representa solo 0.04% del PEF para 2022, lo que a decir del politólogo Javier Martínez en un análisis publicado en la Revista Nexos, demuestra que la reestructura administrativa planteada se vincula más con un interés de centralización organizacional que como medida de austeridad.

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, son otros de los organismos que serían transferidas sus funciones.

Organismos contemplados para desaparecer son la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), encargada de conducir la política en materia de refugiados y protección complementaria y la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (Conapo) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, organismo técnico de apoyo al Comité Coordinador del sistema.

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