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Policías y efectivos del Ejército mexicano siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos, situación que va en incremento en el estado ante una Fiscalía General Estatal que simula atención a las víctimas y no da garantías de seguridad, afirmó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.

En entrevista en Acapulco, recalcó que al no haber una investigación por parte de la FGE, se manda un mal mensaje a los perpetradores de que ellos seguirán gozando de libertad y sin que se les investigue.

Barrera Hernández, explicó que no existe una investigación profesional por parte de las autoridades, por lo tanto no hay resultados, y dijo que hasta el momento no hay responsables por delitos de alto impacto en el estado, y por el contrario existe una alta cifra de homicidios diarios.

“Hay una Fiscalía que en verdad, solamente simula que cuida, que atiende a las víctimas pero las víctimas no se sienten representadas, no se sienten protegidas”, sostuvo.

Otro de los problemas, agregó, es que existe corrupción, pues víctimas o familiares requieren “desembolsar” de sus recursos para que se realicen trámites de investigación.

“Es cara la justicia en Guerrero, y eso es un problema”, recalcó.

El director de Tlachinollan, participó en una ponencia durante el Segundo Foro Ciudadano Anticorrupción en Acapulco, donde aseguró que la población indígena tiene más confianza en las policías comunitarias que las municipales.

Sin embargo, durante el Foro por la Paz que realizó el presidente electo del país, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 28 de agosto, familiares de desaparecidos acusaron que son los comunitarios quienes han violentado los derechos humanos de varios pobladores.

En este sentido, Abel Barrera defendió que hay una situación perceptible sobre las policías comunitarias, pues han acompañado a los grupos que son legítimamente nombrados en asambleas con controles civiles en cuanto a su comportamiento.

“Ha habido policías que se las ha destituido, mismos coordinadores que se les destituye, ha habido autoridades comunitarias que se les encarcela”, aseveró.

Hay proceso de reeducación que se les da a las policías y la asamblea es el máximo juez que determina qué hacer con quienes están violentando derechos humanos.

“Existen todavía algunas deficiencias, en cuanto al proceso de investigación cuando se detiene a las personas, hay una serie de cosas que hay que perfeccionar”, admitió.

Rechazó que las policías comunitarias tengan que ser certificados con el mismos sistema de la policía municipal, pues no tienen que estar supeditados a un gobierno municipal.

Es un requisitos inválido, en el contexto del derecho de los pueblos indígenas, sostuvo, porque se trata de otro sistema y otras normas.

Las autoridades, deben respetar las normas jurídicas de los pueblos indígenas, porque si no estarán violentando sus derechos, puntualizó.

Por: Gabriela Fernández

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