Los antecedentes sobre las movilizaciones magisteriales en Acapulco y Guerrero han sido funestos para la economía y la sociedad. Los docentes organizados, ya sea en la disidencia o en el ala institucional, son un factor de riesgo permanente ante medidas o situaciones que lesionen sus derechos laborales. La reforma educativa en vías de disolución, por ejemplo, desató una serie de manifestaciones a nivel nacional en contra de la “evaluación punitiva” -como llamaron los maestros a la prueba docente sobre aptitudes- y otros de sus apartados.
Hoy, un asunto que enciende focos de alerta en el magisterio es el desconocimiento de las plazas de carácter estatal cuyo pago escapa ya de la capacidad presupuestal de los gobiernos locales. Es el caso de Guerrero, actualmente, y lo fue hace más de un mes en Michoacán, donde la parálisis económica a consecuencia de las protestas de los maestros dejó pérdidas incuantificables a diversos sectores productivos.
En nuestro estado se cierne la misma amenaza: más de 5 mil 700 docentes guerrerenses con plaza federal no aparecen en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, conocido como el FONE, y el gobierno estatal se ha declarado imposibilitado de hacer frente a la responsabilidad financiera que implica pagar esa plantilla.
Los primeros asomos de una macro movilización estatal encaminada a concretar un techo presupuestal para los salarios de esos maestros se han dado en Acapulco. Y es que concitar inconformidades en este puerto turístico obliga a autoridades a prestar atención inmediata, casi obligada, en aras de evitar daños a terceros. Y es sabido que tan sólo la obstrucción de la Costera Miguel Alemán es suficiente para asfixiar la actividad de la ciudad de forma general.
Hasta el momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha evitado la problemática, delegando la carga del malestar al gobierno de Guerrero, así como la financiera.
Con la primera quincena de marzo, el gobernador Héctor Astudillo Flores decidió implementar una estrategia provisional para evitar protestas durante este segundo fin de semana largo del año con motivo del natalicio de Benito Juárez, en el que se prevé el arribo de más de 148 mil turistas a Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco. Así, liberó 35 millones de pesos para el pago salarial de los docentes fuera del FONE, en espera de un reintegro de recursos del gobierno federal. Sin embargo, finalmente, se trata de un paliativo.
La solución definitiva para evitar que estalle el conflicto magisterial está en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La absorción de esa nómina de docentes es la única vía para destrabar ese pendiente.
Por lo pronto, el gobierno estatal zanja una inconformidad latente. Y el asunto no puede minimizarse ni postergarse en este momento, pues Guerrero tiene en puerta la celebración de la Convención Nacional Bancaria y, en un mes más, el último Tianguis Turístico en Acapulco de esta década.
No conviene en este destino turístico, de por sí lastimado por la irrefrenable violencia, desatar un conflicto social pasivo. El gobierno federal no puede seguir eludiendo este problema, al amparo de su popularidad.
Pedro Kuri Pheres en Facebook
Cargue Artículos Más Relacionados
Cargue Más Por Editor
Cargue Más En Opinión
Comentarios cerrados

Mira además

Tormentas intensas con descargas eléctricas en Guerrero

Debido a que al sur de las costas del estado se ubica una zona de inestabilidad, con proba…