Las primeras acciones del gobierno federal dirigidas a erradicar la corrupción, como parte de los fundamentos de la Cuarta Transformación, deben ser enaltecidas por sus alcances e impacto en menos de un año.

Sin embargo, en el combate a la delincuencia ocurre lo contrario. La estrategia implementada a la fecha no es la deseable y contraviene la propia promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador en la materia. El presidente ofreció reducir los índices delictivos en un plazo de seis meses, pero los indicadores oficiales -no son otros datos, son las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública- perfilan una tendencia diametralmente contraria.

El número de homicidios dolosos en lo que va del primer año de la 4T supera lo registrado en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sus antecesores. La política seguridad, al menos hasta hora, tiene un despropósito y es regresiva.

Los hechos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, y la reciente masacre de miembros de la familia LeBarón, en Sonora, son la evidencia más cruda de que la indulgencia federal, en lugar de producir lo deseado por López Obrador, agrava la violencia y la torna más cruenta.

Así lo evidencia también la preocupante señal de alerta ante el mensaje con tufo injerencista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de poner al servicio del “nuevo gran presidente de México” la fuerza norteamericana para “desaparecer de la faz de la tierra” al crimen organizado.

Si bien el intervencionismo norteamericano en otras latitudes ha derivado en golpes de Estado y masacres, entre algunos sectores la oferta de Trump no fue tan desdeñada, quizá ante la impaciencia y desesperación generalizadas por la falta de medidas y estrategia efectivas que contengan el accionar del crimen organizado en detrimento de la economía y del llamado tejido social.

No recurrir a la violencia como táctica ofensiva hacia la violencia resulta loable en el ánimo de detener el sangrado de nuestro país, pero, en la práctica, los abrazos no están mitigando los asesinatos, robos ni secuestros. Más bien, los están atizando.

Para el gobierno federal, Culiacán y el caso LeBarón son parte de una crisis transitoria en materia de seguridad que no desviará el empecinamiento presidencial de atacar las causas de la violencia y no a quienes la generan.

Combatir a la delincuencia que enluta hogares y propicia la descomposición del país no tiene ningún afán autoritario. Entonces, ¿la Guardia Nacional será un cuerpo de predicadores?

¿Cuántos muertos más se necesitan para entrar en razón y atacar la violencia de manera inteligente?

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