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El vacío desairado / Por Pedro Kuri Pheres

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La columna vertebral de cualquier estrategia de seguridad pública, sea del ámbito federal o local, es la policía. Sus atribuciones y responsabilidades son específicas y están establecidas en la ley. Al paso de los años, sin embargo, la autoridad policiaca como tal ha dejado de inspirar respeto y confianza entre la sociedad, producto de un desprestigio no casual forjado a base de corrupción y la pérdida de vocación de servicio.

En Acapulco, la policía preventiva municipal se ha convertido en un lastre, más que en una corporación que contribuya a disminuir los índices delictivos y a recuperar la paz social, por causas específicas que siguen sin ser atendidas: la postergada depuración de agentes no aptos para el desempeño de sus funciones, la certificación de los mismos en apego a los exámenes de control y confianza y el presupuesto insuficiente para equipamiento, constante capacitación y condiciones salariales que mermen tentaciones. 

El estado de fuerza de la policía municipal es de 2 mil 500 agentes, entre preventivos, turísticos y viales, aunque gran parte de estos desarrolla actividades administrativas.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo ideal para garantizar la seguridad de la población es contar con 1.8 policías por cada mil habitantes. Con base en ese lineamiento, Acapulco requiere unos mil 300 agentes policiacos más en sus filas debidamente certificados.

Con ese déficit y las carencias enumeradas anteriormente, la Policía Preventiva incumple su función primaria de prevenir el delito, en un contexto complejo por la incesante violencia, y abre un resquicio peligroso ante la urgencia de conseguir condiciones de seguridad para el desarrollo de nuestra economía y de una armoniosa convivencia social.

Y es a través de esa grieta por donde la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) pretende introducirse a Acapulco como un sistema de seguridad alternativo, sin ningún reconocimiento ni aval legal, prometiendo combatir, de entrada, las extorsiones. Ya opera como guardia civil en algunos puntos de la zona rural del puerto, pero su intención es llegar a la urbe.

La advertencia podría sonar descabellada, considerando impensable observar a civiles armados con playeras distintivas de la UPOEG recorriendo la zona turística o colonias, paralelamente a los patrullajes de las fuerzas armadas y corporaciones policiacas. No obstante, la magnitud de la problemática es tal que cualquier opción para garantizar un estado de paz es aceptable, si nuestra autoridad constituida se declara abiertamente rebasada.

Aunque el vacío oficial que no satisface el clamor generalizado de seguridad es riesgoso, lo es más el hartazgo social crispado por la claudicación frente a un problema que sigue escalando en medio de una estrategia amorosa y de mimos del gobierno federal hacia quienes nos arrebatan a diario la tranquilidad.

Pedro Kuri Pheres en Facebook

@pedrokuripheres en Twitter

acapulco.ok@gmail.com

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