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El INE y los límites al poder / Por: Salvador Hernández Garduño

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No es novedad que desde los días posteriores a que se conociera el resultado de la histórica elección del 1° de julio de 2018, comenzó a percibirse una nueva dinámica en el manejo del poder político y en la acción de gobierno.

Esto no debería sorprendernos, pues desde hace años el proyecto político encabezado por el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador, se fue construyendo y fortaleciendo sobre la idea de la necesidad de un cambio de régimen. La expulsión de prácticas consolidadas no sólo en la dimensión administrativa del Estado que corresponde al Poder Ejecutivo, sino una transformación de fondo en las relaciones de convivencia y coexistencia del propio Ejecutivo con el Legislativo y el Judicial.

El discurso sostenido por el proyecto lopezobradorista recoge diversos elementos que lo hacen único y convincente. Por una parte, integra un fuerte contenido histórico que se identifica con la constante referencia de personajes que protagonizaron importantes episodios de la historia nacional en beneficio de las libertades, los derechos, la democracia y la laicidad. De igual forma, recoge una visión económica alejada del  modelo “neoliberal” adoptado por nuestro País desde finales de la década de los 80´ y al que se le atribuye la debacle misma del Estado. Por otra parte, la retórica adopta una visión política alejada de la corriente liberal imperante durante el siglo XX en gran parte de los países de occidente, de la mano de una visión de la democracia en la que se da una mayor importancia a sus dimensiones representativa y directa; esto es, la democracia materializada mediante el sufragio popular como principio de legitimidad y como herramienta del ciudadano para la toma de decisiones importantes.

En ese sentido, el discurso forjado por años atiende a una pureza de contenidos que logró consolidar la aplastante mayoría de 30 millones de votos con la que el actual Presidente triunfó en los comicios del año pasado.

Sin embargo, lo cierto es que a pesar de todas estas circunstancias, México cuenta con un arreglo constitucional que hasta el momento no ha sufrido ninguna transformación de fondo. Nuestro País, consonante con el modelo de Estado Constitucional, integra ciertos rasgos que le permiten ser catalogado como tal; entre los que destacan, un catálogo de derechos, garantías para la eficacia de los propios derechos, el principio de División de Poderes, el principio Democrático, la existencia de un Tribunal Constitucional que defiende los principios de nuestra Norma Fundamental, entre otros.

De dichos elementos, es de particular relevancia para la coyuntura política presente, el principio de División de Poderes. Surgido en el pensamiento político de finales del siglo XVII (John Locke), perfeccionado en la Ilustración del siglo XVIII (Montesquieu), y que con el paso del tiempo se ha ido sofisticando en función de las distintas dinámicas estatales, este principio encuentra como su más reciente añadidura la creación de los llamados órganos constitucionales autónomos.

Estas instituciones surgen como respuesta a la necesidad de establecer una nueva forma de distribución del poder relacionado con la planeación, desarrollo, ejecución y supervisión de ciertas actividades estratégicas de los Estados que, al recaer en uno de los llamados Poderes Clásicos (regularmente en el Ejecutivo), generan un desequilibrio en cuanto a la cuota de poder respecto de los otros.

En esa lógica, estas instituciones estatales independientes abonan al sistema de pesos y contrapesos. México no ha sido la excepción, y durante la última década del siglo pasado hasta la fecha ha incorporado a su Constitución diversos órganos constitucionales autónomos.

El actual Gobierno y su visión pujante hacia un cambio de régimen, han dejado claro la reticencia hacia estas instituciones. El discurso esboza un desprecio basado en que la autonomía de dichos órganos no permite una correcta vigilancia de sus funciones y, en consecuencia, una dudosa rendición de cuentas; al mismo tiempo que su conformación es contraria a la dimensión representativa de la democracia, puesto que su autoridades no son elegidas mediante el voto de los ciudadanos.

Bajo este contexto, se han presentado diversos conflictos, en principio mediáticos, entre órganos constitucionales autónomos y el Gobierno Federal; situación que subió de tono el pasado mes de enero cuando se publicó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2019, a través del cual se le asignó al Instituto Nacional Electoral (INE) el presupuesto más bajo de su historia.

El INE, como órgano constitucional autónomo, tiene a su cargo la organización de las elecciones. En ese sentido, su autonomía e independencia son elementales para el correcto funcionamiento del sistema electoral mexicano y la garantía de los derechos político-electorales de los ciudadanos.

En respuesta a su reducción presupuestal, el INE promovió controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2019, argumentando que el monto asignado compromete el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y viola su autonomía financiera e independencia económica.

Asimismo, el Instituto ha tomado la decisión, por primera vez desde que se le otorgó dicha facultad mediante la reforma constitucional del año 2014, de ejercer la asunción para llevar a cabo de forma total los procesos locales extraordinarios 2019 para el Estado de Puebla. Comicios que se celebrarán con los antecedentes de la resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que confirmó el triunfo de Martha Érika Alonso Hidalgo en la gubernatura de Puebla  y el fallecimiento de la Gobernadora y su esposo el 24 de diciembre pasado tras la caída del helicóptero que los transportaba pocos días después de haber asumido el cargo. Por lo tanto, las elecciones poblanas se han convertido en el ojo del huracán del escrutinio de los medios y de la opinión pública en general.

Las contiendas entre instituciones y poderes estatales no deben mirarse desde trincheras ideológicas o morales. La propia naturaleza del Estado y su organización permiten que se presenten encuentros y diferencias producto de la lucha por el poder.

Así, el INE está mandando mensajes. Mensajes que claramente apuntan al sistema de pesos y contrapesos, lo cual es en suma interesante, pues permitirá poner a prueba la verdadera eficacia del arreglo constitucional mexicano que se ha construido por décadas. Al tiempo.

Escribe.- Salvador Hernández Garduño.

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