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El derecho a expresarse y el deber de informar / Por: Salvador Hernández Garduño.

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Los Estados constitucionales reposan sobre ciertos principios que son fundamentales para el correcto desarrollo de las sociedades y para la preservación del orden instituido, el cual es resultado del consenso social sobre aspectos relevantes a los que llegamos los individuos, y que varían en función de los tiempos en que vivimos.

Los bienes y valores que las sociedades consideran fundamentales hoy en día, son distintos a los que consideraban las generaciones de nuestros padres y abuelos. Sin embargo, claramente hay algunos que trascienden en el tiempo por su especial relevancia.

En ese sentido, en los Estados constitucionales, democráticos por propia definición, la libertad de expresión es uno de los derechos que se encuentran en el centro de las discusiones públicas casi de manera permanente. Asimismo, por conexidad, cuando hablamos de libertad de expresión también abordamos temas relacionados con el derecho de acceso a la información, pues estos, como muchos otros, se encuentran particularmente relacionados más allá del principio de interdependencia de los derechos humanos.

Lo anterior se comprueba con la forma en que los tratados internacionales de derechos humanos concentran la libertad de expresión y el acceso a la información en sus disposiciones. Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13, hace referencia a los derechos de libertad de pensamiento y de expresión, el cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por su parte, los derechos de libertad de expresión y de buscar y recibir información se encuentran previstos en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, adicional a lo dispuesto por la Convención, en el ámbito interamericano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, en la cual se establecen los derechos de toda persona a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente. Entre otros ejemplos.

Sin embargo, más allá del mediano conocimiento que los ciudadanos tenemos de las normas que reconocen nuestros derechos, así como de los mecanismos para su protección y garantía, existe un desconocimiento generalizado en cuanto a los alcances y límites en el ejercicio de los derechos por parte de las y los servidores públicos, quienes por su cargo, funciones, atribuciones y obligaciones, representan y forman parte de los poderes e instituciones del Estado, siendo este el encargado de velar por el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos de las personas.

Lo anterior no es impedimento para considerar que las y los servidores públicos, sin importar el puesto que ostenten, son personas a quienes debe garantizárseles el ejercicio de sus derechos; pues si bien ningún derecho es absoluto, pensar que por el simple hecho de que una persona ejerza un cargo público debe considerarse impedida por completo en cuanto al ejercicio de ciertos de ellos, sería irracional.

Ahora bien, como ya se dijo, ningún derecho es absoluto y no toda restricción de un derecho es un atentado a la dignidad de la persona, pues las colisiones entre derechos y principios constitucionales son más frecuentes de lo que pudiéramos imaginar, y por ello se han desarrollado diversos métodos interpretativos que buscan resolver los casos particulares en los cuales es necesario determinar la prevalencia de una restricción de un derecho en razón de un principio u otro derecho, y viceversa.

En el caso de la libertad de expresión y el acceso a la información, la Constitución y las leyes establecen límites a su ejercicio en protección de ciertos principios como el orden público, la moral, la reputación de las personas, la seguridad nacional, entre otros.

Por cuanto hace a las y los servidores públicos, si bien se ha dicho que son personas en pleno ejercicio de sus derechos y que no pueden entenderse impedidos para el ejercicio de los mismos por simplemente ostentar un cargo, también es cierto que su posición e influencia que deriva de su carácter de servidores públicos conlleva a la imposición de límites más estrictos para el ejercicio del derecho de libertad de expresión.

Al respecto, sobre los alcances y límites del derecho de libertad de expresión por parte de las y los servidores públicos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido diversos criterios jurisprudenciales en los cuales ha sostenido que el ejercicio de dicho derecho por servidores públicos encuentra límites específicos en razón del cargo que ostentan y del impacto de sus declaraciones dentro del escenario nacional, al mismo tiempo que la libertad de expresión en ocasiones no solamente constituye un derecho del que gozan las y los servidores públicos, sino que en ciertos casos consiste en un deber de estos para pronunciarse sobre ciertos asuntos de interés público que, en atención a sus facultades y deberes, deben informar a la sociedad.[1]

Por lo anterior, corresponde a la sociedad exigir que las y los servidores públicos ejerzan su libertad de expresión en su doble dimensión de derecho y de deber, este última estrechamente vinculada al derecho de acceso a la información de las personas.

De esta forma, bajo estos límites que encuentra la libertad de expresión cuando es ejercida por las y los servidores públicos, se concluye que estos deben difundir información con responsabilidad, con respeto a los derechos humanos, con congruencia, objetividad y a través de los mecanismos que el propio orden jurídico ha establecido para la garantía, promoción y respeto del derecho de acceso a la información.

En una época en la que se habla de “Posverdad”, no podemos permitir que la información que difunden las y los servidores públicos se oriente a echar a andar juicios mediáticos que tanto confunden, polarizan el debate público y, por ende, lastiman y dividen a la sociedad. La libertad de expresión y el acceso a la información son derechos que deben abonar al diálogo democrático y a la construcción de consensos que permitan el desarrollo positivo del Estado y de sus instituciones.

[1] Véanse las siguientes resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Párrafo 128; Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Párrafo 82; Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Párrafo 155; Caso Ríos y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Párrafo 139; Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela. Excepción preliminar. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Párrafo 131.

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