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Desplazados de Zitlala no se sienten apoyados: Tlachinollan

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Las más de 63 personas desplazas, entre ellas al menos 32 niños, de la comunidad de Tlaltempanapa en el municipio de Zitlala, son la muestra de la vulnerabilidad que existe en muchos poblados del estado de Guerrero, alertó el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.

En entrevista, tras su ponencia en el Segundo Foro Ciudadano Anticorrupción en Acapulco, recalcó que el crimen organizado orilló a ese grupo de personas a dejar sus viviendas y huir de su comunidad, y reprochó que a una semana de ese caso el gobierno estatal no los ha atendido.

“Lamentablemente el gobierno no ha querido reconocer que existen los desplazados en nuestro estado porque esa es una violación grave a los derechos humanos, el hecho de que haya desplazados en Guerrero, coloca al estado en una situación de extrema vulnerabilidad para las víctimas”, sostuvo.

Desde el sábado pasado, los pobladores de Tlaltempanapa abandonaron sus casas por las amenazas de un grupo criminal; tuvieron que caminar por dos días, entre cerros y barrancas, para poder llegar a la cabecera municipal de Copalillo, en donde permanecen en una cancha y durmiendo en el piso.

Abel Barrera señaló que existen un problema de violación a los derechos humanos, y las autoridades no se han acercado para conocer la situación de los afectados y garantizar protección.

Insistió que las autoridades están negando una realidad, por lo tanto no existe una atención a las víctimas, entre las que se encuentran niños recién nacidos y con problemas de desnutrición además de mujeres embarazadas.

El Estado, añadió, debería poner “todo el foco” en dicho problema para brindar protección.

“Tienen que caminar en la noche porque no hay garantías para permanecer en su propio lugar, entonces no vemos este compromiso de las autoridades con las víctimas”, explicó.

Barrera Hernández acusó que a los afectados se les está estigmatizando y no se les está reconociendo como desplazados, razón por la que no se le da el tratamiento que se requiere.

“Tanto el gobierno federal como el gobierno estatal tienen que tomar medidas extremas especiales, extraordinarias para poner a salvo a las familias. Si se salieron es porque tuvieron que tomar una medida extrema”, defendió.

Hasta el momento, dijo, las víctimas no han encontrado una respuesta institucional que los ponga a salvo.

Otro de los problemas, explicó el director de Tlachinollan, es que se está dando un “desplazamiento silencioso”, es decir en las que las autoridades no se enteran debido a la peligrosidad que representa huir de las comunidades.

Ejemplificó casos de las comunidades de Tlacotepec, San Miguel Totolapan, Chichihualco, pero, agregó, no hay un registro de estos casos.

“Las víctimas tampoco se sienten apoyadas por alguna institución, por ejemplo que sería en este caso la Comisión de Atención a Víctimas a nivel estado”, puntualizó.

Por: Gabriela Fernández

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