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En México aún permanecemos sin una regulación.

Casos prácticos analizados por el Colegio de Abogados del Estado de Guerrero A.C.
Por: José Manuel Linares Espil

Podemos decir que el derecho al olvido es la potestad que todo ser humano que tiene a la cancelación, oposición o corrección de datos personales en cualquier medio, ya sean impresos o por medios electrónicos (Internet).

Es un derecho establecido por primera vez en mayo del 2014 en la Unión Europea (UE) como resultado de una resolución del Tribunal de Justicia de la UE.

El primer caso que se resolvió sobre el derecho al olvido fue en el año 2014, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual creó un precedente internacional, el Tribunal consideró que la legislación europea de protección de datos otorga a las personas físicas el derecho a solicitar a los motores de búsqueda, que retiren determinados resultados de las consultas relacionadas con el nombre de una persona.

En ese mismo año, en México se interpuso una demanda contra Google para que dejara de buscar cierta información de una empresa, el asunto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en virtud de que Google se desistió, ya no hubo pronunciamiento de la Corte al respecto, en México aún permanecemos sin una regulación.

Cabe señalar que el derecho al olvido muchas veces se confunde con el derecho para que los usuarios no realicen una búsqueda sobre determinada información, pero son dos cosas diferentes. El derecho al olvido consiste en que las bases de datos que contienen información sobre determinada persona, y que hoy ya no es necesaria, ni oportuna, sea borrada; mientras que el derecho a que el usuario no realice determinada búsqueda, de cierta información, que está en la red, esto es, que el derecho al olvido busca ir al fondo procurando borrar con la invocación del mismo, la información en la red y no sólo de los usuarios. 
De igual forma es común que las personas tengan una confusión entre el derecho al olvido y el derecho a la privacidad, en el caso del primero, encontramos que se refiere a información que es pública y que fue proporcionada legalmente, mientras que el segundo de los casos, se hace reticencia a la información confidencial, que nunca fue pública, y, por lo tanto, si se hace pública, puede constituir un delito por no haber sido autorizada.
Observamos a propósito de la reforma realizada al Código Civil de CDMX en el que se adiciona el artículo 1392 bis, la hipótesis normativa que establece que “el testador puede encargar que una persona gestione todos los trámites para borrar la información que exista en la red, con el fin de salvaguardar su derecho al olvido”, imponiendo con ello al legislador una carga para regular el derecho al olvido, legislación que está muy cerca de ver la luz del día, cabiendo hacer un llamado a nuestro legislador estadual, esto es al Congreso del Estado de Guerrero, para poner énfasis en la necesidad de estar a la vanguardia en estos temas digitales que cada día cobran mayor trascendencia, así como uso por todos los gobernados.
El ámbito de competencia que hace frente de manera parcial en nuestro país es el de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares ya que es la encargada de la protección de los datos de la sociedad mexicana bajo dicho ámbito, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas, sin que por ende, sea la que otorgue completa regulación a la problemática existente, por cuanto a lo señalado en la exposición que antecede.

Otros aspectos en los cuales se comienza a vislumbrar la garantía al derecho al olvido es en el tratamiento de los casos que da el Buró de Crédito, así como la PROFECO que cuenta con el Registro Público de Consumidores, que se convierte en una herramienta para que los ciudadanos soliciten distintos filtros de uso de datos personales en el ámbito de las empresas, arribando a desglosar en este último apartado que existe la posibilidad de que proceda o no la cancelación de publicación de datos personales así como el uso de los mismos dependerá de circunstancias como las siguientes:

Si una persona publica algo íntimo de alguien más, entonces, el afectado puede solicitar su derecho de cancelación.
Si el dueño de la información hace público algo íntimo, podría ya no estar en posición de solicitar el derecho de cancelación.
Si mi información está almacenada en servidores fuera del país, por jurisdicción, no se puede obligar a la empresa a borrar los datos personales. Sin embargo, si esos datos, se utilizan con fines comerciales dentro de México, es posible solicitar que ya no sigan en circulación. El entorno físico juega un papel fundamental.
Si mis datos personales fueron obtenidos por una empresa fuera del país, por haber comprado algo a través de Internet, en ese caso, es posible ejercer el derecho al olvido por medio de los acuerdos de comercio.

Foto de Peter Herrmann

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