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Dejos de venganza /Por Pedro Kuri Pheres

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En política no hay casualidades. La detención de Rosario Robles Berlanga, otrora poderosa funcionaria de la administración de Enrique Peña Nieto surgida del perredismo, encaja en un resquicio coyuntural histórico y conlleva varios mensajes. El más evidente, aunque implícito, es la venganza política. Rosario Robles ha sido un activo policromático de la política nacional. Se formó en el PRD, al lado de Andrés Manuel López Obrador y bajo la tutela de Cuauhtémoc Cárdenas, quien le heredó un año de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Después, como máxima líder del sol azteca, vino su ocaso político tras revelarse su relación con el empresario argentino Carlos Ahumada, autor de los videoescándalos que evidenciaron la entrega de fajos de dinero a René Bejarano -operador político de López Obrador- y a Carlos Ímaz, ex delegado de Tlalpan y ex esposo de la actual jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y los gustos de Gustavo Ponce -ex tesorero de AMLO en el entonces Gobierno del Distrito Federal- por las apuestas en uno de los casinos más exclusivos de Las Vegas.

Ese entramado mediático fue asumido en su momento como un ataque directo a la imagen de López Obrador que gestaba fallidamente su primera candidatura a la Presidencia de la República, la de 2006, cuando fue derrotado por el panista Felipe Calderón. Seis años después, Rosario Robles fue resucitada por el PRI e incorporada al gobierno de Enrique Peña Nieto, donde, como titular de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), habría causado un daño al erario por más de 5 mil millones de pesos e incurrido, por lo anterior, en ejercicio indebido del servicio público. Los pormenores de ese presunto desvío millonario están documentados en una investigación periodística conocida como La Estafa Maestra. Por tanto, la acción legal contra Robles sienta un precedente contra la impunidad que López Obrador ha ofrecido combatir, pero algunos elementos siembran dudas sobre la verdadera motivación de ir tras la ex perredista. De entrada, la no persecución de otros funcionarios que habrían estado implicados en el caso, como el ex candidato presidencial José Antonio Meade, levanta suspicacias.

Hoy se sabe, también, que el juez de control a cargo del caso, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, es sobrino de la diputada federal Dolores Padierna, esposa de René Bejarano, protagonista de los videoescándalos. Además, legalmente, la vinculación a proceso no amerita reclusión en un penal.   

Si bien es plausible el castigo a los actos de corrupción cometidos por servidores públicos para sentar un precedente de “no a la impunidad” en cualquier nivel de la administración pública, resulta sospechoso el trato diferencial en este caso específico, cuyo alcance penal elude algunos personajes, incluido el presidente de la República.

Con la ley en la mano, quien tenga culpa que la pague, pero es menester despejar cualquier duda de una cacería de brujas sexenal, como El Quinazo o el Elbazo, que no destierran las prácticas que mantienen inmerso al país en un pantano de corruptelas.

Pedro Kuri Pheres en Facebook

@pedrokuripheres en Twitter

acapulco.ok@gmail.com

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