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De las audiencias y sus derechos / Por: Salvador Hernández

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La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, estableció un nuevo régimen de administración y vigilancia de dichos servicios por parte del Estado mexicano, depositando la función rectora de la materia en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual se estableció como un órgano constitucional autónomo.

Asimismo, como consecuencia de dicha reforma fundamental, con fecha 14 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”.

Atendiendo al mandato constitucional establecido en el artículo 6o, apartado B, fracción VI que se adicionó mediante la reforma de 2013, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) estableció en su“TÍTULO DECIMO PRIMERO. De lo contenidos audiovisuales”, el “Capítulo IV. De los derechos de las audiencias”.

En ese sentido, se estableció por mandato legal, la obligación de todo concesionario del servicio público de radiodifusión de contar con una Defensoría de las Audiencias, a efecto de que las personas que acceden a sus programaciones puedan remitir sus quejas e inconformidades con la finalidad de que estas se atiendan y, en su caso, las audiencias reciban las explicaciones necesarias para la salvaguarda de sus derechos reconocidos por la Norma Fundamental mexicana.

En otras ocasiones hemos hablado de la importancia que la radiodifusión de servicio público tiene en el desarrollo interno de los Estados constitucionales. (https://lasintesis.mx/medios-publicos-y-democracia-salvador-hernandez-garduno/) sin embargo, en el caso de los derechos de las audiencias, las obligaciones derivadas de la LFTyR se extienden a todos los concesionarios del servicio de radiodifusión, sean de carácter comercial, público o social.

Es preciso mencionar que los derechos de las audiencias, a mi consideración, no pueden ser catalogados como derechos humanos; esto, por diversas cuestiones de fundamentación que no es posible analizar en este espacio. Sin embargo, los derechos de las audiencias son derivaciones de otros derechos que si ostentan el carácter de derechos humanos, como lo son el acceso a la información, la libertad de expresión y la educación.

Asimismo, el servicio público de radiodifusión a su vez consiste en una garantía para el ejercicio, promoción y respeto de los derechos humanos dentro del Estado; y para comprobar esta afirmación, basta con remitirnos a lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir el criterio con número de registro: 160070, que tiene por rubro “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA RADIODIFUSIÓN ES UN MEDIO TECNOLÓGICO PARA EJERCER ESE DERECHO”.

 

Pese a lo anterior, con fecha 31 de octubre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto mediante el cual se reformaron diversas disposiciones de la LFTyR en materia de derechos de las audiencias y que resultaron por decir lo menos, regresivas.

Mediante dicha reforma, se eliminó la facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de fungir como autoridad en materia de derechos de las audiencias, y se aligeraron en demasía las obligaciones de los concesionarios del servicio público de radiodifusión sobre tales prerrogativas ciudadanas. Entre las que más llaman la atención, es el establecimiento del carácter potestativo de los concesionarios para definir la forma en que se comprometen a garantizar los derechos de sus audiencias, sin más compromisos para con dichos derechos que los establecidos en su propios códigos de ética, que sobra decir, son elaborados por los propios concesionarios.

En diversas ocasiones me he pronunciado sobre el alcance del principio de progresividad de los derechos humanos y, si bien ya hemos establecido que los derechos de las audiencias no son tales, también hemos dejado claro su carácter derivado de otros que sí lo son.

En respuesta a dicha reforma, diversos senadores integrantes de la LXIII Legislatura del Senado de la República, interpusieron acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual fue admitida y turnada a la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán. Sin que el expediente haya tenido actualización o trámite adicional al de su admisión, tal y como se puede comprobar con la consulta realizada en el Sistema de la SCJN al ingresar el número de expediente  de acción de inconstitucionalidad 150/2017(http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=228096).

Asimismo, la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA) y otros, entre quienes se encuentra la Maestra Beatriz Solís Leree, Defensora de las Audiencias de Canal 14 e incansable formadora de comunicadores y académicos que estudian los medios de comunicación, promovieron juicio de amparo indirecto en contra del Decreto de reforma de la LFTyR, alegando su carácter regresivo.

Afortunadamente, el pasado 07 de agosto, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Jonathan Bass Herrera, dictó sentencia de amparo sobre el presentado por la AMDA y otros, en la cual amparo a los quejosos otorgando el amparo respecto de algunas disposiciones contenidas en el Decreto de reforma de la LFTyR. Sin embargo, atendiendo a los efectos de las sentencias de amparo, dicha resolución no tiene efectos generales y únicamente beneficia a los quejosos de dicho juicio.

Quedará pendiente la resolución que emita la SCJN previo análisis sobre la constitucionalidad de las reformas a la LFTyR en materia de derechos de las audiencias, ya que de obtenerse la mayoría calificada de 8 votos favorables sobre la inconstitucionalidad de dichas normas, la sentencia tendrá efectos generales. Mientras tanto, la AMDA logró ganar una primera batalla reafirmando su autoridad moral y su compromiso en la defensa de los derechos de las audiencias.

Lamentablemente, el restablecimiento del orden constitucional a través de la invalidez de una reforma a todas luces regresiva, depende de nuestro Tribunal Constitucional, quien ha dejado pasar demasiado tiempo para resolver un asunto al que no se le ha dado la difusión ni la relevancia que merece. 

Escribe.- Salvador Hernández Garduño

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