Los ciudadanos tenemos el derecho a informarnos y ser informados, así lo consagra el artículo 6 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el ejercicio de ese derecho toda entidad pública en nuestro país o privada que reciba o ejerza recursos públicos tendrá la obligación de informar y en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

Ahora bien, a cada una de las entidades públicas ya sea federal, estatal o municipal  les son asignados recursos en virtud del cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes de Ingresos y de Presupuesto de Egresos respectivamente. Las instancias que por mandato constitucional tienen la obligación de vigilar el estricto cumplimiento de que se estén ejerciendo correctamente los recursos son los Órganos de Fiscalización Superior y los Órganos Internos de Control (OIC), estos emiten Informes de Resultados, derivados de la fiscalización y de las auditorías practicadas a las entidades públicas en lo relativo al manejo de los recursos; por lo mismo se convierten en un referente importante y determinante para la valoración que puede hacer la ciudadanía respecto a si las administraciones públicas ejercen correctamente los recursos para lo que fueron autorizados.

Una de las características de los aludidos informes, además de aquellas que los refieren como obligatorios y relativos a las actividades de fiscalización y de auditorías, es que son públicos, por lo mismo, están a disposición de la sociedad, para su consulta mediante los portales oficiales de internet que cada una de estas entidades están obligadas a tener y mantener actualizados.

Por lo que respecta a la aplicación o ejercicio de los recursos federales; los responsables de la fiscalización de éstos son por una parte la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de acuerdo con las atribuciones y facultades que le confieren tanto la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y por otra, la Secretaría de la Función Pública (SFP), la que cuenta con sus propias atribuciones y funciones, contempladas asimismo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En el ámbito estatal, los recursos públicos federales que se ejercen en las administraciones estatales y municipales pueden ser también fiscalizados y auditados por parte de las Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL) y las Secretarías de Contraloría Estatales (SCE), mediante acuerdos con sus homólogos federales que son  la ASF y la SFP respectivamente.

Toda entidad pública, sea federal, estatal o municipal tiene la obligación de presentar Cuenta Pública, que es la compilación de información anualizada (del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año) de carácter contable, presupuestario y programático, que permite tanto a los entes públicos responsables de la operación, como a los entes fiscalizadores, académicos y ciudadanos en general, contar con información de la evolución de los recursos públicos, fortaleciendo la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública, la cual es presentada ante sus congresos correspondientes, estos últimos tienen las atribuciones y facultades para fiscalizarla a través de sus órganos de fiscalización superior, señalados previamente.

Es importante destacar una diferencia fundamental entre los Órganos de Fiscalización Superior y los Órganos Internos de Control: los Órganos de Fiscalización Superior son órganos externos del ente fiscalizado, los cuales tienen autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley, es decir son ajenos a los entes auditados,  y los segundos, como su nombre lo sugiere son parte del ente fiscalizado, por ello la importancia de señalar que los Órganos de Fiscalización Superior como lo son la ASF y las EFSL, se rigen con el principio de anualidad, lo que significa que fiscalizan los recursos del ejercicio fiscal inmediato anterior, es decir, los recursos ya ejercidos y reportados en la Cuenta Pública, esto a diferencia de las atribuciones que tienen los OIC, de revisar antes, durante y posterior al ejercicio de los recursos.

Una de las principales funciones básicas de los OIC es la de la prevención, las Contralorías juegan un papel importantísimo en la vigilancia de los recursos, porque como ya lo señalé, ellos tienen atribuciones para revisar, auditar o vigilar los recursos, antes, durante o posteriormente de haberlos ejercido, atribuciones que los órganos de Fiscalización Superior no tienen, excepto previa denuncia presentada ante el congreso correspondiente y siguiendo los requisitos que marcan las propia leyes al respecto.

Dada las facultades que tienen los OIC, sus procesos internos deberán de enfocarse principalmente a corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas y así prevenir actos de corrupción al interior de la entidad pública a la que pertenecen.

Vale la pena recordar que, como producto de una exigencia ciudadana el 27 de mayo de 2015,  fue reformado el  artículo 113 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma que da vida jurídica al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), posteriormente fue publicada el 18 de julio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, la nueva Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (Ley Secundaria) con el firme propósito de combatir la corrupción en nuestro país. Esta ley contempla en su integración a un Comité de Participación Ciudadana (CPC) y es su presidente quien preside los trabajos del SNA, que articula los esfuerzos en la materia, de todas las entidades públicas que lo integran.

El SNA abre una gran oportunidad y espacios para que la ciudadanía participe directamente o a través de su Comité de Participación Ciudadana (CPC) en la construcción de mecanismos de verificación y control de los recursos que ejercen las instituciones públicas.

Una sociedad prospera se construye con el eficiente y eficaz aprovechamiento de los recursos públicos por parte de las entidades que lo ejercen, ya sean públicas o privadas, con la oportuna trasparencia y rendición de cuentas a las que se encuentran obligadas.

Autor del artículo:

Mtro. Arturo Latabán López

Miembro del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero A.C.

Correo electrónico arturolataban@gmail.com

 

Foto: Carlos Muza

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