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Cortinas sin humo / Por: Pedro Kuri Pheres

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Finiquitada la rifa del avión presidencial -que no fue tal sino un sorteo simbólico de la aeronave- y con el caso Lozoya agotado sin más evidencia de presuntos actos de corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador sólo dispone de la consulta popular para enjuiciar a ex presidentes como distractor inmediato ante la pandemia y la crisis consecuente. Una cortina de humo, por cierto, muy dispersa.

Al límite del plazo legal y a iniciativa propia, López Obrador decidió enviar al Senado de la República la solicitud de celebrar una consulta donde la “sociedad” decida si es procedente llevar a juicio a sus cinco antecesores por la presunta comisión de diversos delitos. Se trata de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Lo hizo, según se excusó, sin ánimo personal ni de venganza hacia ninguno de los personajes en la mira por quienes, empero, no omite públicamente su animadversión. En la petición, de hecho, se refiere a ellos como ex presidentes del “periodo neoliberal”, como si eso, en automático, implicara condena, persecución judicial o linchamiento político.

A manera de legitimar la motivación de su solicitud, el presidente arguye que los referidos pudieron haber incurrido en delitos electorales (López Obrador perdió contra Calderón y Peña Nieto en medio de acusaciones de fraude), complicidad en delincuencia organizada, entrega de recursos de la nación a particulares y corrupción. En el documento enumera también una serie de hechos que, a su juicio, configuran una serie de delitos, pero no aporta pruebas más que sus dichos.

Como en otros actos arrebatados, López Obrador abusa de su investidura para concretar su pretensión, aunque esto implique “brincarse” la Constitución, así como a otros poderes e instancias. Olvida el presidente, a conveniencia, que su consulta viola el debido proceso, los derechos humanos y la autonomía del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la República (FGR), pues el actuar del Ministerio Público no se rige ni sujeta al resultado de consulta alguna ni debe permitir la injerencia del titular del Poder Ejecutivo.

Con esta estrategia, más política que jurídica, el primer mandatario da muestra además de una ambivalencia identitaria que vacila según los tiempos y la coyuntura. ¿O no fue López Obrador quien, desde el inicio de su mandato, se dijo partidario de no enjuiciar a ex presidentes para no anclar al país en el pasado?  Convenientemente, ahora que México se debate en una de sus peores crisis y se avecinan elecciones definitorias, los ex presidentes son “el anillo al dedo” en la estrategia política de la 4T para alcanzar su propósito de mantener el control de la Cámara baja y extender sus tentáculos a otras entidades federativas, como Guerrero.

En tanto, la consulta no será gratuita. Aunque esta se celebre a la par de la elección de junio de 2021, su costo podría ser equiparable al de ese mismo proceso por la logística que implica, en momentos donde la reactivación de los sectores productivos, la salud y la educación requiere de todo el impulso económico para evitar un colapso nacional.

El presidente pretende, pues, sentar un precedente histórico que reposicionaría su imagen tras el desastroso manejo de la pandemia, pero al mismo tiempo desdeñaría aquel sabio refrán -y su gusto por la cultura popular es amplio- de que en casa del jabonero, el que no cae resbala.

Y el que se lleva, señor presidente, se aguanta.

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@pedrokuripheres en Twitter

acapulco.ok@gmial.com

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