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Fermín Alvarado Arroyo, calificó como sesgada, manipulada y desproporcionada la información presentada por el contralor Eduardo Loría Casanova sobre una auditoria

El ex director del Colegio de Bachilleres (Cobach), Fermín Alvarado Arroyo, calificó como sesgada, manipulada y desproporcionada la información presentada por el contralor Eduardo Loría Casanova sobre una auditoria practicada durante su período dentro de la institución.

Afirmó que las acusaciones en su contra son ilegales y violatoriasr de derechos, garantías y de las formalidades esenciales de un procedimiento administrativo, el que el Contralor Eduardo Loria Casanova, se haya prestado a presentar públicamente supuestas conclusiones de la auditoría practicada al Colegio de Bachilleres por el periodo 2018, 2019, 2020 y 2021, y anunciar, incluso, sanciones, violando la garantía de audiencia y la presunción de inocencia, entre otras.

El también Ex diputado Federal y local, dijo que hablar de un presunto desvío de recursos de 1,300 millones de pesos, es tan increíble, que, hubiera significado que en el Colegio de Bachilleres no se hubieran pagado los salarios y prestaciones durante 2 años, lo que nunca sucedió; recordando que del total de recursos financieros que llegan al COBACH, el 96% se destina al pago de salarios y sólo el 4% a gastos de operación.

Sobre la supuesta falta de pagos de impuestos y prestaciones sociales por 813 millones de pesos, quien fuera también secretario de educación, y secretario General de Gobierno, dijo que es indebido que se pretenda imputar a su persona un pasivo, en su mayoría, heredado como parte de una deuda histórica institucional de años atrás, como los más de 200 millones del Programa de Prestaciones SEFI, que viene del 2005; los más de 200 millones de laudos laborales que iniciaron en el 2008 y la deuda con jubilados por más 50 millones de pesos, que inicia en el 2012.

Respecto al pasivo de impuestos como ISSSTE, FOVISSSTE, ISR y SAT, aclaró que éste se genera por la insuficiencia de recursos presupuestales que vive el Colegio desde 2005, 2012 y a la fecha, en virtud de que la institución no recibe el total de los recursos que se pactan entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal (50% y 50%). Por lo que es falso que se hicieran las retenciones y éstas no fueras pagadas; se hacen, sí, en la nómina, en el papel, pero no en el recurso financiero real, porque éste no llega en su totalidad a las cuentas del Colegio.

Alvarado Arroyo, quien fuera magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, señaló que resulta por demás extraño que el Contralor Loria, ignore el origen de esta situación deficitaria en tanto que, en todas las Juntas Directivas se les hizo de su conocimiento, entre ellos, a él, como integrante.

Respecto a las plazas, bases y recategorizaciones, aclaró que éstas son legales y procedentes en tanto que fueron otorgadas conforme a las Leyes del Trabajo, particularmente la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 248, de manera bilateral con las representaciones sindicales titulares de los Contratos Colectivos y, con la aprobación anual de recursos presupuestales para su respaldo financiero, además, de recursos estatales autorizados y aportados por el Gobierno del Estado.

Respecto a pagos supuestamente indebidos a una empresa por 20 millones de pesos, se trata de pagos que se hacen a la empresa “Administradores y Consultores en Previsión Social S.A. de C.V.,” que es la administradora del Programa de Previsión Social SEFI, desde 1997, es decir, es una empresa no contratada por Fermín Alvarado; el SEFI, es un Programa creado por administraciones anteriores, y los pagos que se le realizaron en 3 años, son parte de las aportaciones que el Colegio está obligado a hacer al Programa y que viene haciendo desde 1997.

El acapulqueño invito a no seguir politizando un procedimiento administrativo de fiscalización del que no he sido notificado, violando la garantía de audiencia, la presunción de inocencia y las formalidades esenciales de procedimiento.

“Esté (se ha) convertido en un distractor mediático y en un linchamiento y persecución política en contra de mi persona, mismo que daña mi prestigio y reputación, y pone en riesgo, incluso, mi seguridad y la de mi familia, de la que los responsabilizo” enfatizó.

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