Los líderes del Congreso local solicitaron que se atienda de manera urgente el problema de gobernabilidad generado en Xalpatláhuac, donde la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado fue expulsada con violencia del ayuntamiento, mismo que permanece en poder de un grupo de supuestos elementos de la Policía Comunitaria, que agredieron a balazos a la Policía Preventiva y disolvieron una asamblea ciudadana.
En un primer instante, Héctor Apreza Patrón, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, lamentó la forma en que la alcaldesa de Xalpatlahuac tuvo que retirarse del municipio la mañana del lunes 25 de octubre, luego de que un grupo de policías comunitarios irrumpiera en una asamblea en la que se analizaría la posibilidad de en el lugar solo se permitiera la vigilancia de la policía preventiva, que es la reconocida en la ley.
Apreza Patrón consideró que el Ejecutivo local, representado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda debe coadyuvar a que la gobernabilidad se reinstale en dicho municipio, que se ubica en la región Montaña.
Para el coordinador parlamentario del tricolor, permitir que el problema de Xalpatlahuac avance, puede tener un impacto en el resto de los municipios que forman parte de la región Montaña.
“Es grave, eso amerita la urgente intervención del Poder Ejecutivo a través de sus instancias”, indicó el representante popular, quien manifestó que la alcaldesa Selene Sotelo le facilitó algunas fotografías, en las que se pueden observar las marcas de los golpes que le propinaron los civiles armados.
“Es grave que un grupo no reconocido como autoridad atente contra una alcaldesa electa legítimamente, con la investidura que otorga la Constitución”, indicó.
Consideró innecesario que se revise la postura que frente al problema tiene la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC), ya que la mañana del lunes, los consejeros de la Casa de Justicia de Espino Blanco fueron expulsados de Xalpatlahuac.
Los comunitarios actuaron al margen de la ley
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel consideró el tema como delicado, porque de manera clara se observa que los integrantes de la comunitaria “actuaron al margen de la ley”.
Indicó: “No se puede disolver una asamblea a balazos, a tiros, creíamos que habíamos visto todo y eso no debe suceder”.
Sánchez Esquivel destacó que una de las fortalezas de la CRAC es que siempre han estado del lado de los pueblos, pero en esta ocasión se han colocado en una confrontación contra una autoridad electa legalmente.
Más aún, dijo que lo sucedido el lunes pudo derivar en una desgracia, porque se detonaron armas de fuego y por lo tanto, lo que se debe hacer es recuperar la institucionalidad.
Solicitó al Ejecutivo, que a través de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tomen cartas en el asunto, para evitar que el problema avance.
“Esto que sucedió está fuera de la ley, nosotros nunca lo vamos a respaldar y diremos que se debe regular su actuar (de la comunitaria), lo que pudo ocasionar fue una situación muy grave, hoy podríamos estar hablando de una masacre en ese lugar”, anotó.
