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Por fuerza mayor declarada por el Consejo General de Salubridad, el 30 de
marzo de 2020, y el acuerdo ejecutivo de la Secretaría de Salud emitido al día
siguiente, se suspendieron como regla general, todas las actividades de los
sectores público, privado y social, con excepción de las que fueron
expresamente calificadas como esenciales, con la finalidad de mitigar la
dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID-19).
Esto implicó que se prorrogara la suspensión de clases presenciales en todos
los niveles educativos, ordenada anteriormente mediante acuerdo de 24 de
marzo del año en curso, por la propia Secretaria de Salud.
Entonces, las escuelas no están obligadas a dar clases presenciales, porque
existe una imposibilidad legal que los libera de esa obligación.
Ahora bien, de acuerdo con el Código Civil de Guerrero, para que sean válidas
las obligaciones civiles, deben ser posibles, física y jurídicamente (Arts. 1593-III,
1622, 1623-I, 1624-I), siendo legalmente imposibles, todas las que estén
legalmente prohibidas y, además, las que sean contrarias al orden público (Art.
1625).
Entonces, las escuelas no están obligadas a dar clases presenciales, porque
nadie está obligado a lo imposible, es decir, nadie está obligado en caso fortuito
o fuerza mayor (Arts.1786 y 1972).
Sin embargo, el caso fortuito o fuerza mayor por la emergencia sanitaria, solo
libera a las escuelas de dar clases presenciales, al haber un impedimento que
hace jurídicamente imposible su cumplimiento, pero ello no las faculta a dejar de
dar clases a distancia.
Se afirma lo anterior, porque de acuerdo con la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la educación es un Derecho Fundamental, en el que
subyace un interés superior de la infancia, mismo que debe ser prestado por el
Estado y también puede ser proporcionado por los particulares, previo
reconocimiento de validez oficial (Art. 3-IV y VI).
Además, el acceso a las tecnologías de la información y al internet, es un
Derecho Fundamental reconocido en la Constitución (Art. 6°), que se debe
interrelacionar en este caso, con el derecho a la educación y el interés superior
de la niñez (Arts. 1° y 4°).

En consecuencia, como la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, ha establecido que las dificultades técnicas en el cumplimiento de las
obligaciones, no constituyen de ninguna manera un impedimento legal, para que
bajo el argumento de caso fortuito o fuerza mayor, queden liberadas del
cumplimiento de las obligaciones a su cargo (Registro 246,205), esto implica que
las escuelas no quedan liberadas de las obligaciones educativas que tienen con
sus alumnos para impartir clases a distancia.
En decir, las escuelas no están obligadas a impartir clases presenciales durante
la emergencia sanitaria, pero sí están obligadas a dar clases a distancia, sin que
las dificultades técnicas para impartirlas, sea un impedimento para dejar de
cumplir con sus obligaciones de enseñanza educativa.
Entonces, si las escuelas privadas están obligadas a dar clases, y en efecto lo
hacen, en este caso a distancia, también se deben pagar las colegiaturas
correspondientes, porque esa es la contraprestación obligada por los servicios
educativos prestados.
No obstante lo anterior, de acuerdo con el Código Civil de Guerrero, dicha
obligación de pago de colegiaturas, sí se puede disminuir en cuanto al monto,
porque las circunstancias de emergencia sanitaria, como una situación
imprevista, la vuelven excesivamente onerosa, dado que, los padres o tutores
pueden ver severamente mermada su economía, por la suspensión generalizada
de actividades ordenada por la Secretaría de Salud, lo que faculta una
modificación en la obligación de pago de colegiaturas (Art.2012).
En resumen: las escuelas públicas y privadas están legalmente impedidas para
dar clases presenciales a sus alumnos; pero sí están obligadas a dar clases a
distancia, valiéndose de las tecnologías de la información y comunicación, así
como del internet; en consecuencia, los padres de familia sí deberán cumplir con
el pago de las colegiaturas que son una contraprestación por las clases que
reciben sus hijos, en este caso a distancia; no es procedente que se dejen de
pagar las colegiaturas, pero sí es procedente que se disminuya su monto por
excesiva onerosidad sobreviniente.

 

DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO DE GUERRERO, A.C.

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