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Choques innecesarios / Por Pedro Kuri Pheres

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La presentación e inicio de operaciones de la Guardia Nacional en México debió inscribirse como un hito en las acciones contra la delincuencia organizada y la recuperación de la paz social. En contraste, esto ha propiciado un lodazal en el que se mantiene inmerso por voluntad propia, incluso, la figura presidencial.

En un hecho sin precedente, agentes de la Policía Federal se rebelaron públicamente ante su máxima autoridad para manifestar su rechazo a ser incorporados a la GN. La inconformidad, según los policías, se debe a que esa conversión implica la reducción de su percepción salarial, la pérdida de bonificaciones económicas y someterse a condiciones de trabajo que transgreden sus derechos humanos.

El paro nacional de la PF iniciado el miércoles pasado concentra su epicentro en el Centro de Mando de esa corporación en Iztalapa, en la ciudad de México, sin ningún viso de solución.

El movimiento fue desestimado desde su surgimiento por el presidente Andrés Manuel López Obrador y, posteriormente, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, asumió el control de la ofensiva oficial acusando que las protestas de los policías federales no tienen razón de ser.

Algunos argumentos esbozados por el funcionario podrían ser válidos y justificados sobre la corrupción que se escurrió en algunos resquicios de la Policía Federal, pero incrustar en el discurso gubernamental nombres como el del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, sugiriendo vínculos con los manifestantes, politiza un tema que debe tratarse con sumo cuidado y lejos de cualquier polarización.

Fue un error de tacto político de la Cuarta Transformación, además, afirmar que la Policía Federal se echó a perder, cuando sus integrantes están en proceso de formar parte de la GN y, en los hechos, el único cambio real es de siglas y de mandos. La estructura, sin embargo, será similar a la estrategia manejada desde dos sexenios atrás.

En algunos casos, los policías inconformes han solicitado inclusive su liquidación conforme a derecho ante la oferta del gobierno federal de asignarlos al Instituto Nacional de Migración, Aduanas, al Sistema Penitenciario, a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a la Comisión Nacional de Búsqueda o al Servicio de Protección Federal.   

La realidad inmediata de esto es irrefutable: los policías que causen baja serían potenciales integrantes de las filas del crimen organizado por su preparación, capacidad y conocimientos de trabajo de campo en distintas partes de la República.

Además, resulta sumamente riesgoso para nuestro contexto actual de seguridad que el presidente considere, como parte de su visión personal y de gobierno, la desaparición del Ejército y de la Armada de México para integrarla a su proyecto de Guardia Nacional, como lo confesó al periódico La Jornada la víspera del pasado 1 de Julio.

Esta expresión amenaza con extender la preocupación e inconformidad hacia las fuerzas armadas que han sido el frente más importante en el combate a la delincuencia en todo el territorio nacional.

Esas instituciones, además, son garantes de nuestra soberanía y someterlas a designios inciertos sobre la estrategia de seguridad a seguir durante este sexenio pone en vilo a toda una sociedad que sigue en espera de los resultados ofrecidos en materia de seguridad.

Pedro Kuri Pheres en Facebook

@pedrokuripheres en Twitter

acapulco.ok@gmail.com

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