Por Juventina Bahena
El Estado emite decisiones colectivas soberanas generales que se aplican a la totalidad de los miembros de una sociedad en un territorio determinado y que, por lo tanto, se sustraen a la discrecionalidad de los grupos sociales particulares, no obstante al carácter autárquico y coercitivo de las leyes y dado que disponen el ejercicio de derechos y obligaciones, la Constitución garantiza a los ciudadanos el derecho de petición, regulado en su artículo 8.
Esta disposición constitucional respalda el ejercicio del cabildeo, una actividad profesional que define las tácticas y estrategias utilizadas por un individuo, grupo u organización privada para influir en las decisiones de los poderes públicos, en defensa y promoción de sus propios intereses o los de su representado.
El cabildeo es relativamente nuevo, desde que en 1997 el régimen político arribó a la pluralidad en el Congreso de la Unión, y este poder del Estado dejó de ser la oficialía de partes del Ejecutivo.
Mientras estuvo vigente la hegemonía del PRI, los cambios legislativos transitaban tersamente por las cámaras. El Ejecutivo proponía y el Legislativo aprobaba sin objeciones; no se requería debate y prácticamente no había disenso; eso en el plano político, porque en el económico había una clase empresarial amparada en el proteccionismo, con la instauración de políticas laborales y fiscales que dieron origen al periodo del “desarrollo estabilizador” de 1954 a 1970.
La estabilidad económica y política se obtuvieron mediante pactos entre el gobierno, el sector productivo y la cúpula del sector obrero, reeditado sexenio tras sexenio, más allá de los 80, en los que el gobierno se comprometía a no incrementar impuestos y mantener los precios de algunos servicios que proporcionaba; el productor se obligaba a conservar los precios de sus productos y los obreros a no demandar incrementos salariales.
Aunque no hubo inflación y se mantuvo un crecimiento económico moderado, se deterioró la capacidad productiva, se precarizó el salario y aumentó el desempleo.
El proteccionismo de la industria trajo ineficiencia, atraso tecnológico, escasa competencia y una relación entre el gobierno y empresarios aceitada por la corrupción.
Para Alberto Olvera, como cita en Ciudadanía y legitimidad democrática en América Latina, parte de este arreglo fue el control estatal sobre los sindicatos y la virtual exención del pago de impuestos a los empresarios, fuera por la vía legal (para favorecer la inversión) o la ruta ilegal (corrupción).
Evidentemente, hasta antes del 2000 no se requirieron de cabilderos, puesto que la relación cupular entre el poder político, el económico y las organizaciones civiles (sindicatos poderosos como el de Pemex, maestros, que en realidad formaban parte del Estado) tenían intereses comunes que no eran asediados por conflictos sociales.
La pluralidad política originó el cabildeo
A partir de 1997 y hasta 2018, desde que se instaura la pluralidad política, característica de los gobiernos divididos, sin mayoría legislativa a nivel federal, los distintos grupos parlamentarios que componen el Poder Legislativo tuvieron que negociar y buscar los acuerdos para la aprobación de sus propuestas, porque nadie contaba con la mayoría absoluta para aprobar por sí sola, leyes secundarias y menos aún con la mayoría calificada si se trataba de reformar la Constitución.
El Ejecutivo dejó de ser el legislador número uno, al tiempo que el Congreso adquiría autonomía en su actividad legislativa. A su vez, las organizaciones oscilaron su atención hacia los legisladores, quienes son los que rediseñan la arquitectura legal del país, donde se decide qué acciones son lícitas y cuáles no.
Es común que organizaciones de empresarios, sindicatos, asociaciones profesionales, agencias de cabildeo establezcan relaciones permanentes con los representantes populares a fin de presentarles sus demandas e influir en sus decisiones, persuadiéndolos o disuadiéndolos de sus propuestas de cambio.
La delgada línea entre cabildeo y tráfico de influencias
La tesis de Olvera es que debido al creciente poder económico político que obtuvieron durante su paso por el neoliberalismo obstruyeron los tímidos intentos de reformar al sistema, lo que significó la continuación del régimen autoritario expresado fundamentalmente en la permanencia del orden legal, institucional y cultural heredado del viejo régimen. “Su poder es tal que pueden determinar el comportamiento fiscal y las políticas económicas del Estado”.
Se les dio en llamar “poderes fácticos” o grupos de presión. Olvera los define como agrupaciones que no respetan el orden jurídico, privatizan lo público, monopolizan deliberadamente espacios económicos, políticos y sociales para fines privados, además de actuar al margen de la ley o usarla en función de sus intereses.
Se expresan en espacios jurídicamente válidos como empresas económicas formales que operan en el mercado con un registro legal y que pagan (algunos) impuestos, o bien como sindicatos con registro legal, o partidos políticos igualmente legales, que recurren de manera sistemática a la presión, el chantaje y la corrupción.
Hay que recordar, como lo señala Luis Rubén Hernández Gutiérrez en su artículo Cabildeo de los grupos empresariales en el Congreso mexicano, LXII Legislatura (2018), el Estado emite “decisiones colectivizadas soberanas” que se aplican a la totalidad de los miembros de una sociedad en un territorio determinado. Son normas válidas para todos los ciudadanos de un país. Significan decisiones soberanas, generales, es decir que habrán de sustraerse a la discrecionalidad de los grupos sociales particulares, quienes solamente aspiran a influir en el poder político, pero no a tomarlo en sus manos.
Aquí es donde se presenta el conflicto con los “poderes fácticos” que se impusieron a la institucionalidad. Su creciente influencia “frecuentemente reta la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano. En ocasiones, dice Hernández Gutiérrez, esos poderes obstruyen en la práctica el desarrollo nacional, como consecuencia de la concentración de riqueza y poder que está en el núcleo de la desigualdad.
Por otro lado, están los grupos de interés que se distinguen de los grupos de presión por realizar una actividad lícita, con estricto apego a la ley. Su cabildeo es profesional, estructurado, con equipos multidisciplinarios expertos, apegados a códigos éticos sustentados, además, en aseguramientos contra los riesgos que pudiera ocasionar su actividad en cuanto al manejo de la información de sus clientes y prácticas de corrupción.
Al respecto publicamos en este número de la revista Cámara una entrevista con Gustavo Almaraz Petrie, director ejecutivo del Grupo Estrategia Política, empresa dedicada al cabildeo, quien nos platica en qué consiste el lobby que se ejerce de manera lícita, con transparencia, ética, profesional, en el marco de la ley.
Por último, hay que recordar que la Cámara de Diputados modificó su reglamento interno para prohibir a los legisladores aceptar regalos de los representantes de despachos de cabildeo. También prohíbe que familiares de diputados o funcionarios de la Cámara hasta en cuarto grado gestionen citas, reuniones o pretendan influir de alguna manera en la elaboración y voto de iniciativas.
El Reglamento de la Cámara de Diputados entró en vigor el 3 de enero de 2011. En él se entiende por cabildeo toda actividad que se haga ante cualquier diputado, diputada, órgano o autoridad de la Cámara, en lo individual o en conjunto, para obtener una resolución o acuerdo favorable a los intereses propios o de terceros.
