En un informe presentado por la organización Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), se pronostica un aumento en la violencia dirigida contra las autoridades locales y los funcionarios públicos en México en el marco de las elecciones de 2024.
Este centro de análisis de datos, financiado por instancias como el Ministerio de Exteriores de Holanda, sostiene que existen indicios sólidos de que la violencia contra las autoridades públicas está relacionada con los ciclos electorales.
Según ACLED, algunos de los niveles más altos de violencia se registraron durante las elecciones generales de México en 2018 y en las elecciones federales, estatales y municipales de 2021. Desde 2018, la organización ha contabilizado más de 200 asesinatos de exfuncionarios electos a nivel regional y local.
El panorama actual es preocupante, ya que ACLED ha registrado más de 100 hechos violentos entre enero y mayo de 2023, lo que representa un aumento del 32% en comparación con el mismo período del año anterior.
El análisis indica que es probable que las próximas elecciones generales, programadas para junio de 2024, intensifiquen las tensiones y aumenten los riesgos de violencia. Los funcionarios y candidatos locales están especialmente en riesgo, y la competencia por los cargos electorales podría agravar aún más estas amenazas.
Además, las reformas al Instituto Nacional Electoral (INE) podrían generar un terreno fértil para el descontento y los conflictos electorales en torno a los resultados de las votaciones. La reforma de febrero de 2023 establece recortes presupuestarios y de personal, lo que reducirá la capacidad de supervisión y arbitraje del INE.
El presidente López Obrador ha impulsado estas reformas y ha criticado abiertamente al INE, acusándolo de parcialidad y de no abordar denuncias anteriores de fraude en elecciones en las que él participó. Estas críticas podrían deslegitimar aún más al INE como un recurso institucional en caso de conflicto electoral.
El informe de ACLED destaca que la impunidad, la falta de capacidades de investigación y la autocensura dificultan la identificación de los responsables detrás de los actos de violencia. Entre 2018 y 2022, ACLED registró aproximadamente mil incidentes de violencia dirigidos contra funcionarios locales en México.
La violencia política en México tiene múltiples objetivos, como el reemplazo de los funcionarios y el control sobre la población. Estos actos afectan el funcionamiento del Estado, socavan la credibilidad de las autoridades locales y desalientan la participación en la vida pública.
Para abordar esta problemática, ACLED propone investigar, identificar y procesar a los responsables de la violencia, fortalecer la cooperación en todos los niveles y mejorar los mecanismos de protección mediante la identificación de riesgos para prevenir futuros incidentes.
Foto: Dirigente del PVEM en Copala, Guerrero, fue asesinado el pasado 29 de junio. En días anteriores denunció que había sido amenazado por la presidenta municipal.
