Como el gobierno del presidente Nicolás Maduro es incapaz de resolver la generación de delitos, opta por incapacitar y/o eliminar a los que considera “hampones”, en una grave e ilegal política de exterminio, consideró Roberto Briceño-León, director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

“En Venezuela, como el gobierno no ha podido responder al problema carcelario como generador de delitos, decidió incapacitar a los que considera hampones, eliminarlos; aplica la política del exterminio”.

El también sociólogo señala que hubo un aumento “dramático y preocupante” de fallecidos en enfrentamientos policiales en todos los estados del país: más de 2 mil personas murieron en lo que va de año bajo la figura de resistencia a la autoridad, es decir, 17 cada día, aproximadamente, a manos de uniformados, lo cual no se traduce en mayor seguridad para la ciudadanía.

  • El dato: 96 Por ciento de las víctimas de homicidio eran civiles

“La única política de seguridad que el gobierno está aplicando es la incapacitación selectiva final, la pena de muerte caprichosa y, además, ilegal, porque en otros países donde está normada, se evita la discrecionalidad”, explica.

Para el representante del OVV, las políticas de control de delito en el mundo tienen la finalidad de prevenirlo o de evitarlo incapacitando de manera temporal al delincuente con la cárcel para ahorrarle el daño a la sociedad.

Hay zonas del país donde la relación homicidios por resistencia a la autoridad, se invierte: por un fallecido debido a la acción del criminal común, hay 1.3 por actuación de organismos de seguridad del Estado, de acuerdo con los reportes oficiales.

En el distrito capital y el estado Miranda, puntualiza, las cifras de muertes por resistencia a la autoridad son “muy altas” y se constatan cada día en operativos desplegados por fuerzas del gobierno.

 

Tomado de La Razón

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